Las sanciones administrativas o penales en contra de las personas responsables de la pérdida de las 11 frecuencias radiofónicas del Sistema de Radio y Televisión estatal se ejecutarán conforme a la norma y derivado de las investigaciones que desarrollan la Secretaría de Contraloría, Órganos Internos de Control (OIC) y la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH), y de esta forma actuar como lo amerite, aseguró el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar.
Aunque reconoció la dificultad de recuperar estas estaciones de radio, la cual derivó de problemas en la solicitud de prórroga de concesiones ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), explicó que “se está haciendo un esfuerzo con las autoridades correspondientes porque es un desperdicio que después de casi 40 años un medio de comunicación tan importante en los lugares más alejados de la entidad se pierda por irresponsabilidad o descuido”.
Garantizó que habrá consecuencias administrativas e incluso penales y que ya se iniciaron procedimientos contra quienes resulten responsables.
Secretarías involucradas
Pese a que no adelantó datos nuevos sobre la investigación por la malversación de recursos públicos por más de 522 millones de pesos, en la que están involucrados al menos 13 ayuntamientos, Julio Menchaca informó sobre las dependencias de gobierno que se presume participaron en este acto ilícito, “son más de dos”, pero omitió datos que puedan poner en riesgo las investigaciones que desarrollan desde la PGJEH y Contraloría de Hidalgo, “para no obstaculizar” las mismas y se pueda actuar conforme a la ley.
No descartó un procedimiento en contra del anterior titular de la Contraloría estatal, César Román Mora Velázquez, por estos hechos, “debo respetar el proceso, que no esté obstaculizado por alguna indiscreción”, señaló.
Dijo además que se trabaja intensamente con el despacho privado que les apoyó para la entrega-recepción y “vamos en su momento a hacer los anuncios correspondientes, no se trata de una persecución, de ningún cobro de nada, se trata de aplicación de la ley fue un compromiso de campaña y es prioridad del gobierno estatal”.