El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) identificó que hay al menos cinco dependencias del gobierno federal que utilizan el proceso de adjudicación directa como regla en sus contrataciones, para las cuales destinan miles de millones de pesos.
Esas dependencias son Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Diconsa, y las secretarías de Marina y Función Pública (SFP).
De acuerdo con una investigación para la elaboración del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), el IMCO detectó que estas instituciones federales favorecieron durante 2020 este tipo de contrataciones por encima de la licitación pública.
EL IRC permitirá monitorear las más de 150 mil compras que el gobierno federal realiza cada año.
El IMCO destacó que las leyes de adquisiciones y obra pública en México establecen que las compras públicas se asignarán por regla general a través de licitaciones públicas y solo en casos excepcionales, debidamente justificados, por adjudicación directa o invitación restringida.
Sin embargo, en estas dependencias eso no ocurre así, lo que “implica mayor susceptibilidad a la corrupción y representa una barrera a la competencia en las compras públicas”.
El índice elaborado por el IMCO arrojó que Birmex, empresa de propiedad estatal, asignó el 98 por ciento del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de 3 mil 800 millones de pesos gastados sin concurso
Por su parte, el Insabi destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75 por ciento del monto total en 2020; la Secretaría de Marina no destinó recursos por licitación pública en 2020 y por el contrario, adjudicó mil 900 millones de pesos por la vía directa (72 por ciento) y 671 millones por invitación restringida (25 por ciento).
En el caso de la SFP, ocho de cada 10 pesos gastados en 2020 para procesos de compra fueron por adjudicación directa y solo uno de cada 10 se destinó a procesos de licitación pública.
Finalmente, Diconsa adjudicó únicamente el cuatro por ciento, a través de licitaciones, lo que representa 460 millones de pesos.
“La ausencia de criterios objetivos para seleccionar proveedores abre espacios a decisiones discrecionales y fallas en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley”, advirtió el IMCO.
JLMR