El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó por unanimidad dar una compensación a 419 empleados del Servicio Profesional de Carrera (SPC) del organismo, con motivo de su extinción.
En sesión extraordinaria, el comisionado presidente Adrián Alcalá emitió un voto particular en el que manifestó su inconformidad por no incluir en el pago a los 315 empleados de “libre designación”.
De acuerdo con las comisionadas Blanca Lilia Ibarra, Julieta del Río y Josefina Román, la eventual “compensación” que reciba esta otra parte del personal será definida por la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, en la reunión que ofreció tener —a través de una comunicación con ellas tres— con los trabajadores la tarde de este viernes en las instalaciones del INAI.
El monto que recibirán los trabajadores beneficiados será de 90 días de sueldo tabular bruto y 20 días por cada año de antigüedad, contando —en el caso de los niveles más bajos—desde el 31 de octubre de 2022.
Eso equivale a una percepción extraordinaria, aproximadamente, de cuatro meses de salario, que suman alrededor de 96 millones de pesos.
El acuerdo aprobado incluye la condición de que los trabajadores que recibirán su cheque con la “percepción extraordinaria única” lo recojan en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) luego de firmar un convenio con quien el Comité de Transferencia —que servirá para mudar las funciones del instituto a la Secretaría Anticorrupción— indique.
“Para la recepción de la percepción extraordinaria única, el personal que se rige bajo el servicio profesional deberá celebrar un convenio con el INAI, con quien defina el Comité de Transferencia en el marco del régimen transitorio de la legislación secundaria que en su momento se apruebe o las instituciones que asuman las funciones del Instituto, el cual conlleva la aceptación, de conformidad, con el monto recibido, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), acto en el que se le hará entrega del cheque correspondiente”, dice el documento.
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La comisionada Josefina Román, quien incluyó esa condición en el proyecto de acuerdo, explicó que la recepción del cheque frente al TFCA “es parte de la formalidad”.
En la sesión, Román expuso que “hemos hecho esfuerzos para que se pudiera hacer el pago correspondiente una vez aprobado el acuerdo desde este día… la intención es que se entreguen los más posibles, y los que no alcancen (vayan al TFCA), porque a lo mejor habrá gente aquí que pueda en este momento recibir su cheque o habrá quien pueda venir mañana o habrá quien pueda venir otro día”.
El acuerdo es casi similar al propuesto por el comisionado presidente Alcalá el martes pasado, pero que las tres comisionadas votaron en contra alegando que iba en contra del artículo quinto transitorio del dictamen de leyes secundarias que extinguen al instituto.
La única diferencia es que el acuerdo aprobado este jueves excluye a 315 personas contratadas bajo el régimen de libre designación.
Al razonar su voto particular, el comisionado Alcalá hizo una larga argumentación.
Dijo que su decisión es libre y “no está sujeta a ningún interés político”, que el acuerdo solamente beneficia al personal del Servicio Profesional de Carrera, por lo que “queda pendiente la salvaguarda de los derechos laborales del personal de libre designación, alrededor de 315 personas que igualmente han entregado parte de su vida profesional a la defensa de los derechos humanos y de acceso a la información y protección de datos personales”.
Así fue la sesión del INAI del jueves 20 de marzo:
El comisionado dijo que votaba a favor, pero que “el hecho de excluir, desde mi perspectiva, del acuerdo, a las personas trabajadoras de libre designación es un acto unilateral que podría menoscabar sus derechos y libertades” y dijo que “sería la primera ocasión, en un hecho, sí, inédito, en la que se apruebe el otorgamiento de prestaciones excluyendo a las personas servidoras públicas en función de su nombramiento”.
Afirmó que las y los trabajadores del Instituto, de libre designación, “por el solo hecho de ser personas, son dignas de merecer, en igualdad de condiciones que el resto del personal, las mismas prestaciones laborales inherentes al puesto que ostentan”.
Además, añadió que “no es posible identificar en este acuerdo si existe sustento racional o objetivo para la diferenciación del pago de una remuneración salarial racional y justificable objetivamente en función de las actividades que realizan las personas”.
Alcalá también alegó que “algo que puede ser muy básico para la celebración de un convenio es que quien lo suscriba cuente con personal jurídica para realizar este acto jurídico; así, una vez que se extinga este instituto, desde mi óptica, no se podrán celebrar tales instrumentos jurídicos ante el Tribunal Laboral como se determina en este acuerdo, así como tampoco se pueden delegar o establecer atribuciones a figuras jurídicas que aún no existen y yo tengo una duda legítima si este pleno puede otorgarle facultades extralegales a un comité de transferencia”.
Cuestionada por los medios de comunicación, sobre la incertidumbre en la que queda el personal de “libre designación”, la comisionada Julieta del Río pidió confiar en la palabra de la secretaria Buenrostro.
—Lo dicho por la secretaria Buenrostro sólo es de palabra y no hay papel que lo respalde—, se le dijo.
"Yo confío en la secretaria Buenrostro, es una mujer capaz, como Nayeli, como ella, como ella (señaló a las reporteras y otras personas)…".
—Pero en la administración pública lo que no se firma no sirve…—, se le insistió.
"Yo respeto mucho lo que dicen, pero, para mí, la palabra se honra", dijo Del Río.
A la salida del instituto, los trabajadores inconformes despidieron a las tres comisionadas al grito de “¡traidoras, traidoras!”.
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