La Secretaría de Educación Pública (SEP) debe dar a conocer el procedimiento que deben seguir las escuelas particulares de nivel básico cuando uno de sus alumnos está bajo una Alerta Amber.
Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano inconforme con la respuesta que dio la SEP a una solicitud de información.
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En su requerimiento inicial, el ciudadano pidió conocer el procedimiento que deben de seguir las escuelas privadas de la Ciudad de México cuando se activa una Alerta Amber para encontrar a un menor de edad, que se encuentre bajo el resguardo del plantel.
La Alerta Amber se emite cuando un menor no localizado se encuentra en riesgo eminente de sufrir un daño grave.
Además, el ciudadano pidió conocer cuál es la instancia facultada para sancionar a estas escuelas cuando se niegan a presentar ante las autoridades a un menor con Alerta Amber, así como cuáles son las sanciones cuando una de estas escuelas no entrega a sus padres a un menor de edad.
Ante las preguntas formuladas, la SEP se declaró incompetente para conocer de lo requerido y argumentó que no tiene atribuciones al respecto, por lo que señaló que la institución que pudiera conocer esta información es la autoridad educativa federal de la Ciudad de México.
Inconforme con la respuesta, el ciudadano presentó un recurso de revisión ante el INAI en el que argumentó que la SEP debería de contar con la información al ser una autoridad federal responsable de la educación pública básica.
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El caso fue expuesto en el pleno del INAI por la comisionada Julieta Del Río, quien explicó que la ponencia a su cargo hizo un análisis sobre las competencias que tiene la SEP al respecto.
“Después de haber realizado un análisis correspondiente a este caso, iniciado por la abogada proyectista Ariadne del Castillo Morales, que se encuentra en mi ponencia, con base en el expediente se determinó que el sujeto obligado no realizó el procedimiento de búsqueda en el interior de las unidades administrativas que posiblemente contarían con la atribución para conocer lo requerido”, expuso.
Por ello, propuso revocar la respuesta para que la SEP asuma plena competencia y realice una nueva búsqueda de toda la información que se le planteó en la solicitud en áreas como la Subsecretaría de Educación Básica y la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación, entre otras.
Del Río recordó que el Programa Nacional de Alertas se puso en marcha desde 2012 para localizar y recuperar niñas, niños y adolescentes desaparecidos y que México fue el primer país en América Latina en implementarlo.
Desde entonces, dijo, se han reportado como desaparecidos más de 104 mil menores de edad, de los cuales, más del 80 por ciento han sido localizadas mayoritariamente con vida.
“Por ello, posicionar este recurso ante el pleno es una oportunidad para hablar sobre un problema de muy alto impacto; si bien las personas desaparecidas merecen todo el esfuerzo institucional para su pronta localización, los menores de edad resultan un grupo vulnerable donde las causas de su desaparición regularmente se vinculan a la explotación infantil y prostitución y trata de personas”, expresó.
La propuesta fue respaldada por unanimidad de los comisionados del pleno del INAI.
La comisionada Josefina Román argumentó su voto en favor al asegurar que “la participación de la SEP en el desarrollo de niñas y niños no se debe limitar a la implementación de su educación en un nivel básico, sino también en la protección y salvaguarda de la seguridad”.
Afirmó que es imperativo que la SEP asuma la competencia e informe cómo se desarrolla su actuar cuando existe una alerta Amber respecto de un menor de edad que acude a alguna de las escuelas incorporadas al sistema educativo nacional.
El comisionado presidente, Adrián Alcalá, recordó que el acrónimo de Alerta Amber fue creado como un legado para Amber Hagerman, de 9 años de edad, que en 1996 fue sustraída mientras montaba su bicicleta en Arlington, Texas, y luego asesinada.
Expuso que, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México, el total de personas desaparecidas de cero a 17 años de edad es de mil 873, de las cuales, dos mil 612 personas, esto es menos del 30 por ciento, no han sido localizadas.
“No es un tema menor, ya que a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, la sociedad puede conocer la aplicación de la Alerta Amber en México, así como las acciones, pero también las directrices que deben efectuar las autoridades como este caso, es la Secretaría de Educación Pública”, dijo.
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