La Cámara de Diputados pretende que el Instituto Nacional Electoral realice la revocación de mandato con el 15.5 por ciento de lo solicitado para ejercicios de democracia participativa para el 2022, a pesar de que la ley obliga a que tenga las dimensiones de una elección presidencial.
El boquete que dejará este recorte al INE, de acuerdo con integrantes del Consejo General, es “imposible de cubrir”, pues no puedes generar ahorros por tres mil millones de pesos, sólo para realizar la revocación del presidente, en medio de una elección para renovar seis gubernaturas.
La ley ordena a la autoridad electoral instalar 161 mil casillas, es decir, prácticamente el triple de las 56 mil que se distribuyeron en agosto pasado para la consulta popular para investigar a políticos del pasado y expresidentes.
El presupuesto aprobado elimina por completo los mil 858 millones 712 mil 686 pesos que el INE solicitó para una posible consulta popular; y entrega sólo 830 millones 573 mil 799 pesos de los tres mil 830 millones 448 mil 91 pesos solicitados para la revocación de mandato. Es decir, reduce cuatro mil 913 millones de pesos de los cinco mil 743 millones 573 mil 799 pesos requeridos en total, lo que representan una disminución del 85.5 por ciento.
Se trata de apenas 300 millones de pesos adicionales a los que el INE invirtió con ahorros para la consulta popular del pasado 1 de agosto.
De los más de 24 mil 649 millones de pesos que pidió la autoridad electoral, solo 13 mil 84 son para el presupuesto operativo del INE y de estos, el 28.4 por ciento, casi cuatro mil millones de pesos, son para la expedición de credenciales de elector; más de mil millones para los procesos electorales del 2022 y más de tres mil para que funcionen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.
Sin embargo, lo que las y los legisladores no han tocado en los últimos años y por el contrario va en aumento, es el financiamiento a los partidos políticos que dispara el presupuesto y que registró un incremento de 17.24 por ciento en pesos corrientes de 2019 a 2022, pasando de cuatro mil 965 millones de pesos hace dos años a cinco mil 821 millones de pesos para el próximo.
Aunque el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, respaldó en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador los dichos de algunos legisladores de Morena, referente a que el instituto cuenta con fideicomisos de los que puede tomar recursos para realizar la revocación, la consejera Claudia Zavala dejó claro que no dispondrán de estos recursos porque es ilegal.
“Es la ley. Para fideicomisos siempre hay una institución bancaria que lo maneja y dentro de las reglas de operación se indica que deben tener un fin específico y un objetivo lícito, es el modelo de protección de los fideicomisos cuando son creados. Tiene sus reglas específicas, muy concretas y sus órganos de decisión para la disposición de los recursos, porque todo va alineado con corresponsabilidades administrativas y tiene una vigilancia muy clara y puntual”.
En entrevista con MILENIO detalló que son tres los fideicomisos que tiene registrados públicamente el INE con un saldo de mil 353.09 millones de pesos con corte al 1 de noviembre, pero de los cuales, sólo 626.15 millones se encuentran disponibles pues el resto ya se comprometió para cada uno de los fines para los que fueron creados.
El primero es fideicomiso de pasivo laboral que cuenta con 527.57 millones de pesos pero 320 millones son del programa para el retiro voluntario. El segundo es el de infraestructura inmobiliaria que se utiliza para la mejora de las instalaciones en todo el país se tienen 623.48 millones de pesos pero 381.3 millones están comprometidos en obras que se realizan en estos momentos en distintas instalaciones del país.
Y el tercero es el fideicomiso de mejoramiento de módulos de atención ciudadana que se integra con recursos de los convenios con instituciones financieras para verificación de datos, que cuenta con 202.04 millones de pesos pero 25.64 millones de pesos están comprometidos también en contratos de mejoras del equipo e instalaciones.
La consejera lamentó que los argumentos con lo que se hizo este recorte al INE “están sustentados en bases que tienen imprecisiones porque las cosas son muy diferentes” y dejó claro que es imposible que el INE pueda obtener el presupuesto recortado de otras áreas, pues esto pondría en riesgo sus responsabilidades constitucionales.
“Sí estaríamos en una situación muy compleja, tendríamos que revisar al interior del Instituto las alternativas que tenemos para poder definir qué va a hacer el INE frente a una reducción presupuestal de tal magnitud.
“Son casi cinco mil millones de pesos, hicimos un ejercicio presupuestal muy serio como siempre lo hacemos y no tendríamos forma una forma de cumplir todas nuestras atribuciones porque también tenemos procesos electorales que forman parte de nuestro presupuesto, tenemos seis entidades federativas con elecciones de gobernador y de otros niveles de representación, entonces sí tendríamos que hacer un análisis ante la imposibilidad material en la que se nos colocaría por insuficiencia presupuestal”.
ledz