El Consejo General del Instituto Nacional Electoral respaldó por unanimidad, presentar todas las acciones legales y ante todas las instancias posibles contra el Plan B de la reforma electoral, tras advertir retrocesos, mutilaciones, violaciones de derechos, inconstitucionalidades y sobre todo, por poner en riesgo las elecciones del 2024, abriendo la puerta a la inequidad, a la intervención del gobierno y a la incertidumbre en los resultados.
Tras el fracaso del representante de Morena, el diputado Mario Llergo, por frenar la presentación de un informe interno que revela los riesgos concretos que implicaría la reforma electoral legal, cada una de las y los consejeros pidieron al presidente Lorenzo Córdova instruir al secretario Ejecutivo, al que también afecta la reforma, interponer a nombre del INE todo tipo de acciones para frenar los cambios.
Córdova Vianello reiteró que los cambios afectan gravemente las elecciones y los derechos político-electorales para que la ciudadanía pueda votar con libertad y certeza.
Insistió en que “nadie ha dicho nunca” que las reglas no se deban perfeccionar, pero no para “dinamizar y destazar los derechos conquistados que hoy permiten estabilidad política y paz pública”, pues alertó que la reforma que pretende ponerse a prueba en la elección federal más grande de la historia en 2024, traerá una inédita incertidumbre pre y postelectoral.
“Si se aplican las reformas que dinamitan el servicio profesional electoral, las que recortan los tiempos para la capacitación de quienes recuentan los votos y para la organización de la elección, y si se mantienen las nuevas disposiciones de comunicación social que vulneran el principio constitucional de imparcialidad en el uso de recursos públicos en las elecciones.
“Entonces, todas y todos debemos prepararnos para vivir en 2024, semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios con todo y lo que ello implica, insisto, en materia de gobernabilidad democrática y paz pública”.
Córdova dijo que podría apelar a que se detenga el desmantelamiento de la democracia, pero a estas alturas, sería un llamado infructuoso, aunque confió en la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá resolver todas estas acciones en contra de la reforma.
“En este momento, confío en que la Corte no lo sea, la Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país. En el INE recurriremos a todas las instancias legales para defender la democracia y los derechos de la ciudadanía.
“En atención a lo que todas y todos los consejeros me han solicitado, instituto al secretario Ejecutivo a presentar todo recurso jurídico al alcance del INE para controvertir las normas vigentes o en cuanto tengan vigencia, en atención a su potencial desapego a la Constitución”.
El secretario Ejecutivo detalló que este informe de 165 páginas es un esfuerzo técnico y conjunto de todas las áreas del INE, tanto nacionales como estatales, para exhibir a detalle cómo inciden en la estructura y limitan la capacidad operativa del instituto, y que por primera vez en la historia impide que “la ciudadanía tenga garantizado el derecho al voto”.
“Al comprometerse la autonomía del INE, al mermarse indebidamente a la estructura territorial de los órganos ejecutivos en las entidades y distritos, al deteriorarse los procedimientos de capacitación y organización electoral, que posibilitan la emisión del voto libre y el cómputo efectivo y eficiente de los sufragios, para traducirlos en resultados electorales.
“Al dar marcha atrás en la representación política de los más desfavorecidos y discriminados, la puesta en predicamento del modelo de fiscalización electoral, la situación de peligro en la que se colocaría a los datos personales de millones de mexicanas y mexicanos, el desconocimiento de los derechos laborales del personal del Instituto, así como el quebrantamiento del sistema federal, como instrumento de distribución territorial del poder público”.
"¡Ya chole con tantas mentiras! Informe es un panfleto más": Morena
Ante todos los posicionamientos del Consejo General, el representante de Morena, el diputado Marion Llergo sostuvo que el Plan B es un éxito y la ciudadanía lo respalda, tal como lo exhibió el sondeo que realizó el propio INE el año pasado.
Por lo que calificó a este informe como un panfleto más, como el reciente libro de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, denominado La democracia no se toca, que, dijo, contiene afrentas al pueblo de México.
“La reforma quiere devolverle al pueblo su autoridad y su voz. Así que como diría un clásico ¡Ya chole con tantas mentiras!, que para su disgusto, ya sólo comprueban una cosa, que en México hay tanta democracia y libertades que cualquier puede manifestarse, incluso con un discurso iracundo, lleno de odios y mentiras, como quienes afirman defender la democracia.
“El informe de poco más de 160 páginas se suma a los panfletos institucionales y otros con fines de lucro, redactados desde este Consejo General o por algunos de sus integrantes. Contiene acusaciones inverosímiles como que la reforma desaparece juntas distritales hasta querer sembrar el miedo en los trabajadores del instituto diciendo que se reduce a más del 80 por ciento, desde luego que acomodan los números a su conveniencia”.
Mientras el diputado morenistas César Hernández aseguró que la reforma no desaparece las juntas locales o distritales, lo que el consejero presidente Lorenzo Córdova replicó al señalar que “se evidencia una vez más, que haya quien votó una reforma que no leyó y que todavía no ha leído que por lo tanto, no sabe qué contiene”.
Reforma, burdamente conveniente al poder para maniobrar fraudes a la ley: Zavala y Rivera
En sus posicionamientos, consejeras y consejeros coincidieron en que la reforma está hecha para beneficiar al poder y eso debe ser cuestionado, pues sería un retroceso a la lucha democrática de 30 años.
“Hay que ser claros, se pretende con estos cambios sin diagnósticos, recortando personas y trabajo, se busca hacer colapsar la función electoral e imponer desde el poder, una serie de reglas convenientes ahora al poder, derribando aquellas que nos permitieron las alternancias en condiciones de equidad, derribando lo que hoy ya no gusta al poder, y eso es más delicado cuando se quiere tener un árbitro que no tenga facultades, que no arbitre, y un tribunal que no tutele derechos”.
Zavala calificó la reforma “como un claro atentado al INE” que, “por cuestiones políticas, pone en riesgo todo lo que dice la Constitución” y no toma en cuenta que afecta derechos humanos y laborales.
“Es una reforma con claros signos de inconstitucionalidad que le quiere estar a esta autoridad señalar, detener y sancionar conductas ventajosas o contrarias a la ley, y eso pone en riesgo uno de los grandes principios de nuestras contiendas que es la equidad”, y sostuvo que es más una imposición que un consenso democrático, por lo que concluyó que “una reforma que pone en peligro la democracia, la república y los derechos humanos, debe ser cuestionada”.
Jaime Rivera agregó que se trata de una reforma “burdamente conveniente al gobierno invocando falazmente a la libertad de expresión se ofrece manga ancha a los funcionarios públicos para intervenir, es decir, un retroceso de varias décadas”, principalmente en la fiscalización del uso de recursos públicos y el manera del dinero en campañas.
“Que INE sólo podrá realizar fiscalización para los que esté expresamente facultado, ¿suena bien? ¡pues no! Porque esto limita el margen de acción del instituto para fiscalizar acciones irregulares que no estén previstos en la ley, como sucedió con el proceso de revocación de mandato que se llevó a cabo con lineamientos del instituto ¿qué se busca con esta restricción? Que el INE no pueda agotar la búsqueda de información que pueda revelar acciones simuladas u ocultas mediante maniobras de fraude a la ley
“Que la violación de no entregar informes de ingresos y gastos de campaña deja de ser sancionada como la ley prevé hoy, de manera severa. Es decir, genera incentivos para seguir cometiendo éstas y otras faltas mayores. Es un afán para relajar la fiscalización e incentivar a las simulaciones y evasiones de reportes de ingresos y gastos, sSe quita el reporte en tiempo real para dejar margen a reacomodar las cifras, ocultar o bien simularlas”.
El consejero Martín Faz criticó que la reforma tiene impactos negativos y que beneficia a los partidos políticos, lo que la ciudadanía debe saber.
“Es nuestro deber evidenciar con datos duros y sustento empírico, cómo esta reforma afecta los procesos electorales, amplía los privilegios de los partidos políticos, los exime de responsabilidades, levanta restricciones a servidores públicos al tiempo que debilita a la autoridad electoral”.
Mientras Ciro Murayama acusó que, “desde lo más alto del Estado, se quiere destruir el sistema electoral que permite la vida democrática”.
Hay retrocesos en derechos de mujeres, voto electrónico y prisión preventiva
Las consejeras coincidieron en los retrocesos en materia de derechos humanos de los sectores vulnerables pues hay retrocesos en las acciones afirmativas que han permitido que estos grupos accedan al poder.
Las consejeras Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey y Dania Ravel alertaron que hay retrocesos en derechos humanos, en la paridad y en las acciones afirmativas que han permitido que estos grupos accedan al poder.
En el caso de los espacios para mujeres, Humphrey destacó que “se prohíbe expresamente que la autoridad intervenga en el principio de paridad de candidaturas y se dejará al libre arbitrio de los partidos, lo que es claramente regresivo a los derechos humanos del país, cuando este instituto ha garantizado la progresividad”, y deja de lado la obligación de cumplir con la 3 de 3 para tener candidatura, a pesar de que ha sido reconocido por la SCJN.
Ravel agregó que “esto impide que este instituto pueda garantizar plenamente la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad en acciones afirmativas, se frena por cinco años el tema del voto electrónico en territorio nacional, se subordina al INE para garantizar la paridad a las disposiciones internas de los partidos políticos”.
Y alertó el retroceso de que se ordene que intervenga el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que avale la lista nominal de mexicanas y mexicanos que votarán desde el extranjero.
Mientras Humphrey también señaló que el voto en prisión preventiva, como se plantea en la reforma, afecta otras actividades por los tiempos que se imponen; mientras que el voto electrónico con estudios del INE y del Conacyt llevarían a un retraso de una década, cuando la apuesta inicial era avanzar.
Adriana Favela sostuvo que no se atrevería a hablar de inconstitucionalidades porque ella no es ministra, pero dejó claro que sí se pueden advertir riesgos en los procesos electorales.
Uuc-kib Espadas señaló que esta reforma incluso pudo resolver asuntos que no han logrado consensos en el INE, pero, por el contrario, se limitó a un intento de golpe legislativo y a una mutilación de estructura que viola derechos humanos y laborales.
Jaime Rivera pidió a Morena que debatiera con argumentos y los retó a responder si bajo su misma lógica, que pretende recortar el 80 por ciento del personal local, si estarían dispuestos a quedarse sin el 80 por ciento de representantes de casillas, lo que no tuvo respuesta de los morenistas.
EHR