El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, en el que aprobó el calendario el cual prevé aplicar los cambios hasta octubre, ante el retraso de dos meses que tuvo el Senado para cumplir con los plazos establecidos en la propia reforma.
El anteproyecto el cual se votará esta tarde en una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, plantea que desde hoy y hasta el 31 de octubre se realizarán 17 actividades para replantear la estructura del instituto como ordena el llamado Plan B de la reforma electoral, que incluye reducir las facultades del secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo. Aunque la mayoría de éstas, arrancarán una vez que se tenga la nueva integración del Consejo General el 3 de abril.
El comité es presidido por la consejera Claudia Zavala e integrado por el resto de los consejeros que seguirán en el INE, por lo que sólo no participan Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Adriana Favela, quienes en poco más de dos semanas dejarán el cargo.
En la sesión de instalación de este jueves, aprobaron el plan de trabajo que contempla la elaboración del inventario de toda la normativa del INE, revisión presupuestal, patrimonial y orgánica, para poder definir la metodología y los criterios técnicos para la compactación de la estructura orgánica, evitar duplicidad de funciones y establecer el perfil de puestos.
En estos meses, se deberá avanzar primero en una propuesta para la nueva reestructura orgánica que debe incluir el diseño de los perfiles para los puestos que quedarán vigentes y la valoración de los mismos, justificando que no hay duplicidad de áreas; también, el diseño del tabulador salarial conforme a la ley, el costeo de la estructura planteada, la nueva estructura orgánica de la mano con la salarial, y cómo será la emisión de nombramientos de áreas.
También tendrá que diseñarse los criterios para evaluar y designar a los vocales que no serán despedidos y sus nuevas labores, conforme a la compactación que plantea la reforma.
Aunque la reforma ordenaba que en agosto debía estar la nueva estructura, contemplando máximo ocho meses con la idea de que la reforma se aprobaría en diciembre; ante el retraso en el Senado, el INE se tomará el tiempo previsto, pero contando desde marzo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Por lo que estiman concluir el último día de octubre, justo para arrancar con el nuevo sistema, si es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene la validez de la reforma, a la par del arranque del proceso electoral federal que incluye la presidencia de la República, y que el Plan B recorre a inicios de noviembre y no de septiembre como siempre ha sucedido.
Respecto a los costos para la liquidación, la consejera Dania Ravel pidió que se les entregara una estimación, pues recordó que algunos integrantes del Consejo General han hablado de costos que no coinciden con los estudios preliminares.
“Si existe una estimación, sí me gustaría que nos la pudieran compartir porque se refería que la liquidación podría ascender a tres mil 800 millones de pesos; sin embargo, he escuchado a colegas que hablan de seis mil millones de pesos, entonces no sé, si existiera un documento con una estimación, pediría de manera encarecida que nos lo pudieran compartir”.
Esta tarde el Consejo General aprobará el calendario y se escucharán las opiniones de los partidos políticos para que comiencen las actividades en toda la estructura mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación define la constitucionalidad de la reforma.