En febrero pasado, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un programa binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros en las redes de delincuencia transnacional así como extradición de criminales.
De acuerdo con el informe anual de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cual fue enviado a la Comisión Permanente, se señala que derivado de una reunión de seguimiento con autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad, el 16 de enero de 2020 se acordó un programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros en las redes de delincuencia transnacional en tierra, mar, puertos y aeropuertos.
El informe precisa que se debe entender al crimen organizado como entes económicos “cuyas finanzas deben de ser atacadas y tratar al fentanilo como un problema común. De igual forma, se abordó la cooperación binacional en materia de reducción de consumo de drogas y combate a las adicciones”.
Señala que el 11 de febrero pasado, el gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario Alfonso Durazo, sostuvo una reunión con el director de la Oficina para la Coordinación de Políticas Antidrogas del gobierno de Estados Unidos, James W. Carroll y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.
Destacó que se acordó atender las causas que generan la inseguridad y la violencia, “la coordinación estrecha y permanente a todas las instancias de seguridad, el fortalecimiento del marco jurídico, la capacidad operativa en el uso de la inteligencia, impulso de la estrategia nacional para la prevención de las adicciones, judicialización y extradición de criminales, y no empoderamiento mediático de los delincuentes. Así como la cooperación internacional para el combate de la delincuencia”.
Indica que se busca generar una política corresponsable y de colaboración para compartir información oportuna, reorientar la iniciativa Mérida, frenar el lavado de dinero, controlar las armas que son exportadas a México; “así como impulsar la prevención y tratamiento de adicciones y la demanda de drogas y colaborar y ayudar en lo que sea factible para crear medidas de prevención y tratamiento de adicciones”.
19 operativos de búsqueda en cinco municipios de Guerrero por desaparición de normalistas
Al 1 de marzo de 2020 se realizaron 19 operativos de búsqueda en 5 municipios del estado de Guerrero (Cocula, Hitzuco, Iguala, Mezcala y Tepecacuilco), donde se revisaron 217 puntos de búsqueda durante 124 jornadas de trabajo, detalla el informe con datos de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Al 15 de abril pasado, se han realizado 20 operativos de búsqueda, 214 puntos de búsqueda revisados, 240 restos exhumados en proceso de identificación genética; 6 restos óseos enviados a la Universidad de Innsbruck para su análisis e identificación; 80 millones de registros telefónicos en 4 años; 206 mil registros telefónicos de interés; 84 mil líneas telefónicas prioritarias y 116 números telefónicos revisados.
En la 4T se han exhumado mil 309 víctimas en fosas clandestinas
En el documento de 160 cuartillas se detalla que del 1 de diciembre de 2018 al 11 de marzo de 2020 se han detectado mil 27 fosas clandestinas, mil 309 cuerpos exhumados, 483 cuerpos identificados y 314 cuerpos entregados a familiares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados.
Las entidades federativas con mayor número de fosas clandestinas son Veracruz con 154; Sinaloa con 145; Colima con 123; Sonora con 90 y Jalisco con 83. En tanto que las entidades federativas con mayor número de cuerpos exhumados son Sinaloa con 252; Jalisco con 228; Colima 168; Sonora con 143 y Chihuahua con 76.
La 4T, sin recomendaciones por violaciones a derechos humanos
Destaca que hasta el 30 de marzo no se ha recibido ninguna recomendación por ningún organismo público de derechos humanos atribuibles a esta administración.
Del 1 de abril de 2019 al 1 de marzo de 2020 han ingresado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 867 quejas, 48 medidas cautelares solicitadas y 54 propuestas de conciliación, de las cuales, 148 corresponden a hechos cometidos en la administración pasada.
Se han recibido 20 recomendaciones cuyos hechos de origen corresponden a la administración pasada y en su mayoría se encuentran relacionados con detención arbitraria, tortura y abuso de autoridad.
jlmr