El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) se convirtió en el primero del país en observar, capacitar y certificar a servidores públicos para ofrecer servicio a la ciudadanía.
Este organismo atiende las denuncias por corrupción en el servicio público, abuso por parte de funcionarios o trámites administrativos, por lo que la validación de sus integrantes abonaría a la justicia administrativa, informó su presidente, Gerardo Becker Ania.
Este lunes el tribunal recibió por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) la placa que los acredita como un órgano listo para capacitar a servidores públicos en la atención a usuarios.
Las capacitaciones que podrán dar son la EC0105, enfocada en la atención al ciudadano en el servicio público con eficacia y empatía; mientras que la EC1250 es para la conciliación para la solución de conflictos en materia laboral.
“Con la acreditación del Tribunal de Justicia Administrativa como entidad de certificación y evaluación del CONOCER, se dotará a la sociedad mexiquense de personal especializado para la solución de los conflictos de naturaleza administrativa”, indicó Rodrigo Rojas Navarrete, titular del CONOCER.
La importancia de que el TRIJAEM cuente con estas certificaciones radica en los asuntos que operan, ya que recaen denuncias por parte de ciudadanos por actos de corrupción, cobros indebidos, despidos, abusos de autoridad cometidos por servidores públicos, entre otros.
Con esta certificación, la entidad mexiquense es la primera del país que avanza en la materia, indicó el magistrado presidente, Gerardo Becker Anya.
“Somos el primer Tribunal de Justicia Administrativa del país en contar con esta certificación y somos los primeros en la República mexicana en la justicia administrativa”.
En este sentido, adelantó que también habrán de apostar por la productividad por parte de los funcionarios, la prevención de la corrupción o el incumplimiento de la ley general de autoridades administrativas, las cuales afectan directamente a las y los ciudadanos.