La propuesta de reforma constitucional que plantea prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador va contra los derechos humanos de los contribuyentes, y no ayudará a reducir el delito de evasión de impuestos, señaló Marcelo Flores Serna, socio fundador de Flores Serna y Asociados.
“La inclusión de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, especialmente en relación con su compatibilidad con los principios de presunción de inocencia y debido proceso legal. Además de que existen dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se condena al Estado mexicano a invalidar la prisión preventiva oficiosa para todos los delitos, ya que va contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que México es signatario”, resaltó el especialista fiscal.
“Hay que tener mucho cuidado con esta reforma constitucional porque en caso de aprobarse se corre el riesgo de que algunas empresas que no puedan comprobar las operaciones que realizan se les pueda acusar de delitos fiscales y, en consecuencia, aplicar la prisión preventiva oficiosa”, indicó.
El especialista refirió que la exposición de motivos de esta iniciativa resalta la importancia de fortalecer las medidas de prevención y combate del delito, con el propósito de garantizar la paz, la seguridad y la salud de la población mexicana, se argumenta que la inclusión de la prisión preventiva oficiosa en estos casos específicos es fundamental para disuadir su comisión y para asegurar la efectividad de la persecución penal, dado el carácter grave y la repercusión social de los mismos.
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Sin embargo, el especialista considera que esta medida podría ser poco efectiva e incluso llegar a afectar a inocentes.
Flores Serna dijo que el pasado 5 de febrero el presidente envió un grupo de 20 propuestas, entre las que sobresalen este nuevo intento en materia fiscal, a partir de la iniciativa de reforma al Artículo 19 Constitucional para incluir, entre otros, los delitos de defraudación fiscal a través de la evasión del pago de impuestos, así como del contrabando y el ocultamiento de ingresos o simulación de egresos, con lo cual, ante estos casos, el juzgador tendrá la facultad de ordenar la prisión preventiva oficiosa.
Sostuvo que uno de los ejes de recaudación del gobierno actual ha sido la fiscalización de grandes contribuyentes y la lucha en contra de las empresas factureras (EFOS); el presidente López Obrador hace un segundo intento de incluir delitos fiscales en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es necesario recordar que el primer intento fue en 2019 y eliminado por el alto tribunal mexicano por ser considerado como inconstitucional que estos delitos fueran considerados como delincuencia organizada y así ser acreedores de la prisión preventiva oficiosa.
El experto urgió a los legisladores a votar en contra de esta reforma por ir en contra de las convenciones internacionales en la materia.