La Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica presentada con carácter preferente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al comienzo de la primera sesión ordinaria del actual periodo, la diputada presidenta, Dulce María Sauri, remitió el proyecto a la Comisión de Energía para su dictamen, así como a las comisiones de Presupuesto y de Economía exclusivamente para opinión.
En ese contexto, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Palacio de San Lázaro solicitó a la Comisión de Energía, presidida por el legislador morenista Manuel Rodríguez González, presentar a la brevedad la ruta para el análisis, discusión y dictamen de la propuesta presidencial.
Por el carácter preferente de la iniciativa, la Cámara de Diputados tiene un plazo de 30 días para votarla y turnarla al Senado, el cual tendrá un plazo idéntico para desahogarla.
No obstante, por acuerdo de los coordinadores parlamentarios, la propuesta será previamente discutida en parlamento abierto con la participación de especialistas y expertos, funcionarios y legisladores, además de sectores involucrados en la materia.
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En su proyecto de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente López Obrador propone modificar el orden de los generadores de energía para “alimentar” el sistema eléctrico nacional, dando prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los particulares.
El primer turno para el despacho de las centrales eléctricas correspondería a las plantas hidroeléctricas de la CFE y en segundo lugar a la nuclear, geotérmicas, de ciclos combinados y termoeléctricas de la empresa pública, dejando en tercer sitio a las eólicas y solares de inversionistas privados, y hasta el final las de ciclos combinados de particulares y generadores de otras tecnologías.
El proyecto de ley prevé asimismo eliminar la obligación de comprar a particulares, por medio de subastas, la energía adicional para garantizar cobertura, por considerarlo “una perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE.
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