En lo que va del actual sexenio, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ASEG, ha registrado 2 mil 844 observaciones a los 56 sujetos obligados de la entidad, los 46 municipios y organismos autónomos, mismas que, en términos económicos se han traducido en faltantes e irregularidades en el ejercicio por poco más de 722 millones de pesos, de los cuales 113 millones ya han sido recuperados, pero quedan 609 millones de pesos del erario público que hoy buscan recuperar y que se encuentran en juicio ante tribunales.
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”En ese periodo 2018-2021, decíamos qué hay un monto que quedó de 609 millones que están repartidos entre los órganos de control interno del estado. Recuérdese que el seguimiento de una auditoría es que una vez que nosotros mandamos los resultados de una auditoría ante el congreso y el congreso la autoriza, nos la regresan para que nosotros hagamos una distribución de expedientes entre los órganos internos de control, ya sea municipales, estatales o nosotros”, explicó Javier Pérez Salazar Auditor Superior del Estado de Guanajuato.
Cabe destacar que, los dos capítulos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con mayor incidencia de observaciones son el capítulo 5000 de compras y adquisiciones
y el capítulo 6000 referente la obra pública contratada por los municipios y el estado. Por tal motivo, una de las medidas a implementar para prevenir desvío de recursos, peculado o enriquecimiento ilícito, será que a partir de este 2023 las auditorías se harán en tiempo real, es decir se auditará el ejercicio fiscal al mismo tiempo que el recurso es ejercicio.
Ante los recortes de recursos extraordinarios que ha tenido la entidad por parte del gobierno federal, se vuelve de gran relevancia cuidar cada peso del recurso público. La estrategia recuperación-reintegro ha permitido a la Auditoria Superior el rescate 113 millones de pesos en lo que va del sexenio.
”Si los sujetos obligados ya sea públicos o privados como proveedores o contratistas se allanan a la observación, pueden hacer reintegros y recuperaciones y eso lo hacen en el momento mismo de la auditoria, a eso le llamamos reintegros o recuperaciones, es un dinero que regresan sin necesidad de ir a tribuales, la fiscalización ya tiene ese mecanismo virtuoso para poder invitar a los sujetos obligados a que puedan cumplir con las irregularidades u omisiones (...) El hecho de hacer una recuperación o reintegro no necesariamente les exime de continuar una investigación sobre la cual pudiera haber una responsabilidad y ser sentenciados por un tribunal, lo cierto es que ya no habría un impacto económico como sanción, solo estaría una responsabilidad en caso de ser servidor público suspensión o inhabilitación, pero les exime de un escenario complicado de responsabilidad futura”, agregó Javier Pérez.
Cabe destacar que, anteriormente las observaciones realizadas por la ASEG tenían una carga de responsabilidad administrativa para los funcionarios públicos, pero a partir del nacimiento de los sistemas estatales anticorrupción en el 2017, las modificaciones prevén que un hallazgo no necesariamente conlleve de manera inmediata a una responsabilidad administrativa, si no hasta que derivado de una investigación se confirmen los hallazgos y se vincule al servidor público a una responsabilidad este podrá ser sancionado.