Empresarios de Isla Mujeres, en Quintana Roo, denunciaron una presunta red de corrupción a nivel municipal que ha extorsionado por varios años a comerciantes, encareciendo sectores como la construcción en la zona.
Impulsados por la investigación de MILENIO sobre extorsiones a comerciantes en Tulum, que derivó en el cese de un funcionario local, un grupo de afectados dio a conocer la situación que viven en este municipio vecino de Cancún, la ciudad más importante de la joya del Caribe.
Los señalamientos apuntan a William Conrado Alarcón, director general de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación, quien ha permanecido durante diversas administraciones en el aparato público y ocupado posiciones vinculadas a infraestructura y gestión municipal.
Los denunciantes sostienen que, debido a su larga permanencia en cargos financiados con recursos públicos, “su actuación debe ser revisada con especial rigor por las autoridades”.
También señalan a Hugo Sánchez Montalvo, secretario general del ayuntamiento, a quien atribuyen un papel protagónico dentro de la estructura político-administrativa del gobierno municipal de Atenea Gómez Ricalde y del grupo identificado con su familia.
MILENIO solicitó el posicionamiento al municipio de Isla Mujeres sin obtener respuesta.
Rigoberto Nava tiene un banco de materiales en la zona continental de Isla Mujeres que, tras operar por décadas, clausuró el municipio arguyendo la falta de un impuesto predial en un terreno ejidal.
La autoridad le exigió a Nava 20 millones de pesos en multas, pero él asegura que el hostigamiento inició cuando se negó a pagar una “cuota” de materiales.
“Para mí es extorsión de las autoridades. Hemos trabajado durante 24 años con todos los permisos estatales y de repente nos mandó llamar Hugo Sánchez… quería saber cuánto material salía de aquí. Después me pidieron un predial, el terreno es ejidal, entonces nos trajeron una cuenta de aproximadamente 20 millones de pesos, de tres cláusulas: protección civil, ecología e impuesto predial”, narró.
Tras negarse a pagar estos cobros irregulares, le colocaron sellos de clausura al lugar, pese a que Nava ganó un amparo.
Al darse cuenta de que los mismos funcionarios permitieron la operación de otros bancos de materiales con los que, dijo, mantienen un vínculo, entendió que están beneficiando a sus allegados.
“Queremos trabajar. Muchas familias y tiendas dependen de nosotros, además vendemos material a precio razonable y ahora como se está trayendo de otro municipio, subió el precio y aparte están abriendo otros bancos que tienen acuerdos con Hugo Sánchez y Conrado (Alarcón). La razón de cerrar este banco es esa: acuerdos en otros”, reclamó.
En otro caso, un empresario que pidió el anonimato consideró que los funcionarios están “llevando agua a su molino” con miras a las elecciones del próximo año.
“Hay un modus operandi por parte de la autoridad: utilizan a Protección Civil, Fiscalización y Ecología como garrote para aplicar cláusulas a la carta; protegen los monopolios de la familia Ricalde, eliminando la competencia y beneficiándose a través de cobros no apropiados a comerciantes, extorsiones y obstáculos sistemáticos para tramitar licencias y regular negocios.
“A pesar de que el municipio ha sufrido la baja del turismo por el sargazo, ahora tenemos que pelear con las autoridades que nos extorsionan”, reprochó.
Indicó que hay muchos negocios y empresarios víctimas de estas extorsiones, pero tienen miedo a denunciar.
“Amigos empresarios de la Isla que tienen marinas y dueños de muelles, de bares, de restaurantes, de cualquier tipo de comercio que usted pueda imaginar sufren del garrote ejecutor orquestado por el secretario general Hugo Sánchez… seguimos teniendo fe en autoridades como la gobernadora Mara Lezama. Invocamos lo que sucede en otras entidades del país: la Operación Enjambre de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha hecho el secretario Omar García Harfuch… que pongan un ejemplo y un precedente de que en Quintana Roo no se puede operar con la impunidad de la ley”.
—¿Las elecciones del próximo año tienen que ver con estos cobros repentinos?
—Por supuesto. Todos ellos están alineados en ver cuál es el caballo ganador, cada quien está tratando de poner su propio caballo, de tener los recursos para apostarle a la contienda.
Arturo también ha vivido estos casos y presentó una denuncia ante la fiscalía de Quintana Roo, pues al negarse a pagar mordida lo clausuraron. Hizo un llamado para que quienes han sido víctimas se animen a denunciar para que acabe este tipo de irregularidades no sólo en Isla Mujeres, en todo Quintana Roo.
“A la ciudadanía: denuncie, no nos quedemos callados y creamos que la autoridad va a hacer su trabajo… han estado extorsionando desde Isla Mujeres hasta la zona continental. Conocemos mucha gente de aquí que va creciendo y llegan y les piden más de 30, 40 mil pesos”.
Sin denuncias en asociación hotelera
Por su parte, la asociación de hoteles de Costa Mujeres dijo que no ha recibido alguna notificación de sus afiliados sobre extorsiones.
Lo anterior, en una carta enviada por la presidenta ejecutiva de la asociación, Marissa Setién, al secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto.