Ante cuestionamientos de los diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT), la oficial mayor de la Suprema Corte, Gisela Morales, y el secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura, José Alfonso Montalvo, defendieron el proyecto de presupuesto del Poder Judicial por 80 mil 902 millones de pesos para 2024.
En reunión con la Comisión de Presupuesto en el Palacio de San Lázaro, los funcionarios justificaron asimismo conceptos como los bonos de riesgo otorgados a ministros, magistrados y jueces.
“Nuestra vida está en riesgo asunto por asunto y no solamente se limita a los asuntos penales, los que vemos en las noticias, tenemos casos emblemáticos”, puntualizó Montalvo.
Enumeró como ejemplo de los riesgos para los juzgadores los asesinatos de un juez y su esposa en su casa de Colima en 2020; la ejecución de otro juez en Toluca en 2016, al salir a correr; así como el secuestro de un secretario en Zapopan apenas en julio de 2023, entre otros casos derivados de “asuntos de alto impacto”.
Durante el encuentro celebrado en el contexto del análisis del Presupuesto 2024, el legislador morenista Hamlet García calificó de injustificable la solicitud de cuatro millones de pesos para jardinería, cuando, según fotografías que exhibió, ni la sede de la Suprema Corte ni diversas casas de justicia tienen jardines.
Morales expuso que la partida para jardinería y fumigación incluye las asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes, fertilización, poda de árboles, plantas y hierbas.
Detalló que la previsión de cuatro millones de pesos corresponde a la atención para 42 inmuebles y precisó que, del total, solo 330 mil pesos se destinan al edificio de la Suprema Corte en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Sobre los fideicomisos que la mayoría de Morena y aliados en el Congreso extinguió con una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la oficial mayor aclaró que se constituyeron antes de existir una prohibición expresa para concentrar los remanentes, a finales de los años 90, cuando estaba vigente la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y no se establecía reintegrar fondos a la Tesorería de la Federación.
En su presentación inicial, Morales señaló que el proyecto de presupuesto 2024 del Poder Judicial considera un incremento de 3.3 por ciento en términos reales y este incremento equivale a dos mil 610 millones de pesos respecto al autorizado para este año.
Afirmó que el requerimiento de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura para el próximo año representa una disminución en términos reales de 13.4 por ciento respecto a lo autorizado en 2017.
Dijo que el Consejo de la Judicatura plantea utilizar 466 millones de pesos para crear 45 órganos jurisdiccionales; seis centros de justicia penal federal; tres centros regionales de ejecución penal, 22 tribunales laborales, nueve juzgados de distrito, cuatro tribunales colegiados de apelación y un tribunal colegiado.
MAT