Mientras cada año miles de nuevos asuntos llegan a los tribunales de Hidalgo, el verdadero desafío del Poder Judicial permanece en un inventario histórico de 179 mil 880 expedientes pendientes de resolución, un rezago que coloca a la entidad entre las diez con mayor acumulación de casos en todo el país y que sigue retrasando el acceso oportuno a la justicia para miles de personas.
Censo Nacional de Impartición de Justicia
Las cifras del último Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal muestran que por cada 100 asuntos que ingresaron durante el año existían 293.6 expedientes pendientes al cierre del ejercicio. En otras palabras, el sistema judicial hidalguense enfrenta una carga acumulada equivalente a casi tres veces el volumen anual de nuevos casos, una proporción que evidencia que la principal presión ya no proviene de los expedientes que llegan cada año, sino del rezago construido durante ejercicios anteriores.
Ese indicador ubica a Hidalgo en el décimo lugar nacional en rezago judicial. Sólo Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Zacatecas reportan una mayor acumulación de expedientes pendientes, por lo que la entidad forma parte del grupo de poderes judiciales con mayor presión para abatir una carga histórica que continúa afectando su capacidad de respuesta.
El tamaño del rezago cobra mayor dimensión al observar las cifras absolutas. Durante 2025 ingresaron 61 mil 273 causas y expedientes de primera instancia, mientras que al finalizar el año permanecían sin concluir 179 mil 880 asuntos. Esto significa que el inventario pendiente equivale a 2.94 veces todos los casos nuevos que recibieron los juzgados hidalguenses durante ese mismo periodo, una relación que refleja la magnitud del desafío estructural que enfrenta la impartición de justicia en el estado.
Rezago
La comparación evidencia que el principal reto del Poder Judicial del Estado ya no consiste únicamente en atender los asuntos que ingresan año con año, sino en reducir una carga acumulada durante ejercicios anteriores y que continúa creciendo a un ritmo mayor del que logra abatirse. Aunque los órganos jurisdiccionales mantienen capacidad para resolver buena parte de los nuevos expedientes, el volumen histórico sigue representando un obstáculo para disminuir los tiempos de respuesta.
El rezago judicial tiene efectos directos para la ciudadanía. Cada expediente pendiente representa una persona que sigue esperando una sentencia, una víctima que aún no obtiene la reparación del daño, un imputado que permanece sin una resolución definitiva o un conflicto familiar, mercantil o penal que continúa abierto. Detrás de los indicadores estadísticos existen miles de historias que permanecen sin una conclusión judicial y que prolongan la incertidumbre de quienes dependen de una resolución para recuperar sus derechos, resolver un patrimonio o definir su situación jurídica actual.
Comparativo nacional
La radiografía nacional muestra diferencias importantes entre los poderes judiciales del país. Mientras Hidalgo acumula casi 294 expedientes pendientes por cada 100 asuntos nuevos, entidades como Chihuahua registran apenas 5.3, Baja California Sur 5.8 y Morelos 6.9, lo que refleja una capacidad considerablemente mayor para mantener bajo control su inventario de casos y evitar que el rezago se convierta en un problema estructural.
En el extremo opuesto se encuentra el estado de Guerrero, donde el rezago alcanza casi 767 expedientes por cada 100 ingresos, seguido por Sinaloa con 625 y Oaxaca con 543. Aunque Hidalgo se encuentra lejos de esos niveles, continúa formando parte del grupo de entidades con la mayor presión judicial del país, una condición que exige mantener esfuerzos sostenidos durante varios años para revertir la acumulación de expedientes.
Paradójicamente, los datos también muestran que Hidalgo mantiene uno de los mejores niveles de productividad nacional. Durante 2025 resolvió 82.6 asuntos por cada 100 que ingresaron, el sexto mejor desempeño del país. Sin embargo, ese esfuerzo no ha sido suficiente para reducir de forma significativa el enorme inventario acumulado de expedientes, ya que la capacidad de resolución sigue siendo insuficiente frente al volumen histórico que permanece abierto.
De hecho, la reducción del rezago entre 2024 y 2025 fue limitada. Los asuntos pendientes pasaron de 186 mil 842 a 179 mil 880, una disminución de apenas 6 mil 962 expedientes, equivalente a 3.7 por ciento. A ese ritmo serían necesarios muchos años para abatir completamente la carga histórica, siempre y cuando el ingreso de nuevos asuntos no aumente ni se presenten factores que vuelvan a incrementar el inventario de casos.
Los datos muestran así una contradicción estructural: el Poder Judicial de Hidalgo trabaja con niveles de productividad superiores al promedio nacional, pero opera con uno de los diez mayores rezagos del país. La principal deuda del sistema de justicia ya no parece ser la capacidad para resolver los asuntos que llegan cada año, sino disminuir un inventario cercano a los 180 mil expedientes que continúa retrasando el acceso oportuno a la justicia y mantiene a miles de hidalguenses en espera de una resolución definitiva.