Al menos 24 candidatos que competirán en las próximas elecciones por un cargo en el Poder Judicial de la Federación (PJF) han favorecido presuntamente a narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, Héctor El Güero Palma o a políticos como Raúl Salinas de Gortari, entre otros.
MILENIO hizo una revisión de los 482 candidatos que aparecen en las bases de datos del INE y que aspiran a ser titulares de juzgados y centros que se especializan en materia penal y encontró que incluso fueron señalados abiertamente por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador de favorecer a narcotraficantes en los llamados sabadazos, es decir, en días donde la atención pública está en otros temas o cuando no hay mayor cobertura mediática, como suele suceder los fines de semana.
“Muchos jueces, una considerable mayoría y también magistrados, ministros no actúan con rectitud y honestidad (...) se autorizan libertades a presuntos delincuentes”, lanzó reiteradamente durante las conferencias mañaneras el ex Presidente, y desde su tribuna exhibió varios nombres de juzgadores que liberaban a personajes ligados con el narcotráfico.
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Una de las profesionales que fue exhibida ahora es candidata a juzgadora en la Ciudad de México: Diana Montserrat Partida, quien fue mencionada tres veces en la conferencia mañanera. Durante 2024 se le recriminó que haya ordenado la liberación anticipada de Marcelino Ticante Castro, alias El Fantasma, acusado de ser uno de los operadores de Joaquín El Chapo Guzmán.
En la conferencia del 23 de julio del 2024, el entonces subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, ayudándose de una diapositiva señaló a “jueces que favorecen a narcotraficantes”. Aseguró que Diana Montserrat era una de las juezas que acostumbraban liberar delincuentes durante los fines de semana.
El Fantasma había sido detenido en Costa Rica, Sinaloa, el 9 de febrero de 2013, acusado de narcotráfico y de transportar un cargamento de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. En su momento la hoy candidata al Poder Judicial reviró de la siguiente forma:
“Ha salido tres veces mi nombre como juzgadora de ejecución de penas en cadena nacional como facilitadora de delincuentes y no es así”, dijo unos días después en la conferencia de un colectivo de jueces conocido como la mañanera judicial o 'contramañanera', suspendida en febrero.
Hoy quiere volver a ser jueza y en la página del Instituto Nacional Electoral (INE) asegura que comunicará las resoluciones sobre este y otros casos con claridad y transparencia.
Los ‘sabadazos’
En esta elección judicial otros candidatos fueron acusados desde la Presidencia de favorecer a narcotraficantes de altísimo perfil. Uno de ellos fue Conrado Alcalá Romo, quien pretende ser otra vez juzgador en Jalisco. En una mañanera de febrero de 2024 se le acusó de proteger al ex líder del cártel de Sinaloa, Héctor El Güero Palma.
Este ex líder del Cártel de Sinaloa fue detenido originalmente en junio de 1995, y en 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde purgó una condena y en 2016 fue liberado de modo anticipado para inmediatamente ser llevado a la prisión mexicana conocida como El Altiplano. Ahí, en 2021, el juez absolvió a Palma del cargo de delincuencia organizada y ordenó su liberación, hecho que fue interpelado y el delincuente continuó en el penal, ahora por el delito de homicidio.
En la rueda de medios de las mañanas acusaron que el juez Conrado Alcalá falló a favor de reponer el procedimiento en contra del presunto narco y ordenar el desahogo de pruebas testimoniales, inquisitivas y careos entre los testigos y el inculpado. Algo bastante complicado dada la época en que se cometió el delito.
La Fiscalía ha insistido en que todas las evidencias apuntaban a que Héctor Palma asesinó con premeditación y ventaja a Juan "N", subdirector del penal de Puente Grande en el año 2000.
“De acuerdo con el juez (Conrado) Alcalá Romo, la inadmisión de las pruebas ofrecidas por Héctor Palma resultó violatoria de su garantía de audiencia y defensa”, explicó el subsecretario de la Secretaría de Seguridad.
Hoy, entre las propuestas del juez está fortalecer la seguridad jurídica a través del respeto y protección de los derechos humanos.
Otro más que fue exhibido y ahora aspira ser nuevamente juzgador es José Avelino Orozco Córdova. Sobre él, en agosto de 2023, Luis Rodríguez Bucio presentó una diapositiva sin foto, y muy pocos conocían la identidad del juzgador aludido, pero el subsecretario abundó que al despachar desde Chihuahua había resuelto siete causas penales contrarias a “los intereses de la justicia”. Esa decisión obligó al Ministerio Público a liberar a los detenidos, aun cuando –según el alto funcionario de Seguridad– tenían suficientes datos para mantenerlos en prisión.
Hoy Orozco Córdova –quien también llevó las audiencias iniciales de algunos funcionarios vinculados a proceso e impidió su arraigo por el incendio en la estancia del Servicio Nacional de Migración en Ciudad Juárez– quiere ser juez otra vez.
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Otro candidato es Gustavo Aquiles Villaseñor, quien no subió su currículum u objetivos a la página del INE donde los ciudadanos pueden consultar más sobre la trayectoria de los postulantes.
Hoy aspira ser juzgador en la Ciudad de México y se sabe, sin embargo, que en septiembre del 2023, el entonces juez de control en el reclusorio Norte, permitió la salida del abogado Juan Collado –en su momento representó legalmente a Enrique Peña Nieto, Carlos Ahumada, Diego Fernández de Ceballos–, al que se le acusaba de defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos.
“Ya dejaron en libertad al abogado (Juan) Collado, el abogado de (Raúl) Salinas de Gortari, y diario es una tras otra, está podrido el Poder Judicial. Está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz, no ayuda al pueblo”, acusó el presidente López Obrador en aquel 2023.
Otro de los actuales candidatos llamado Julio Veredín Sena Velázquez, entonces juez séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, fue exhibido por conceder un amparo a José Rodolfo Villarreal Hernández, El Gato, líder del Cártel de los Beltrán Leyva. Hoy quiere repetir como juez.
O el candidato Aníbal Castro Borbón, quien en septiembre del 2024 dictó una sentencia absolutoria cuando era titular del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, a favor de alguien que identificaron en la conferencia mañanera como Isidro "N", un presunto generador de violencia en este estado. Este juzgador también fue mencionado en la conferencia en Palacio Nacional, si bien no se mostró su rostro en la diapositiva.
Otros nombres que han sido señalados
Hay más casos de jueces que saltaron sus nombres en la prensa o en instancias judiciales. Ahí está incluido el ahora candidato Enrique Hernández Miranda, quien al estar como juez de control en Sonora, aduciendo “cansancio, tengo nueve días de guardia continúa”, no dictó medidas cautelares contra uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal, Juvenal Jiménez Loza El Padrino, líder de una red de trata de personas.
Fue el 5 de junio de 2024 cuando justificó que el delincuente no se presentara a la audiencia por una supuesta operación de hombro, que nunca fue certificada por el Ministerio Público Federal. Hoy quiere ser juez otra vez.
Otro más es el candidato Fernando Escamilla Villarreal, que en 2016 fue sentenciado por portación de armas y que según la organización civil Defensorxs, defendió a Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, recién extraditado a Estados Unidos. Escamilla ahora pretende ser juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Cuarto Circuito de Nuevo León.
El eterno Ayotzinapa
Entre los candidatos hay juzgadores que fueron denunciados por incidir en el caso Ayotzinapa. Uno de ellos es el ahora candidato Samuel Ventura Ramos, juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, y que como era Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tabasco, en Villahermosa, fue mencionado por imponer medidas cautelares, no restrictivas, a dos personas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en 2024.
En cuanto al caso de impacto mundial ocurrido en Guerrero donde desaparecieron decenas de estudiantes normalistas, en 2022 la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR), para presentar una denuncia en su contra por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia.
Ese año el juez dictó sentencias absolutorias a 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala que se encuentra en estado vegetativo. Además, en ese mismo año dictó sentencia absolutoria por el delito de secuestro que se le imputaba al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
En total, Gobernación y Secretaría de Seguridad denunciaron que el juez Ventura dictó más de 120 libertades absolutorias a favor de los acusados. Hoy quiere postularse para continuar en el Poder Judicial.
Por su parte en 2024, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó la determinación de otro de los candidatos: Juan José Hernández Leyva, quien en ese entonces era juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México y otorgó la medida cautelar de prisión domiciliaria al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Hoy quiere repetir el cargo.
Abuso sexual, corrupción y más
Entre los candidatos que están contendiendo por la Ciudad de México hay varios con pasados polémicos. Uno de ellos, el juez Carlos López Cruz, quien absolvió el 19 de julio de 2013 a Raúl Salinas de Gortari, del delito de enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos.
Otra es la jueza Belem Bolaños Martínez, quien fue denunciada por la madre de la joven Jael Monserrat Uribe Palmeros, quien desapareció el 24 de julio de 2020 en Iztapalapa. La familia señaló que la jueza liberó a los presuntos implicados en el caso. Hoy quiere ser magistrada.
Otro candidato por la Ciudad de México es Edgar Agustín Rodríguez Beiza, quien también aspira a ser magistrado en Ciudad de México. En 2017 fue denunciado por una de sus alumnas del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas por abuso sexual, aunque después de dos años la víctima desistió de la demanda.
Otro caso más en la Ciudad de México es el de la jueza del Poder Judicial en Ciudad de México, Rocío Luna, que fue señalada por familiares y colectivos feministas en 2024 por favorecer a Daniel "N", un ex entrenador de la escuela de futbol Pumas Centenario acusado de abusar sexualmente de una jovencita de 15 años de edad. Hoy la jueza Luna quiere ser magistrada.
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