Greenpeace México dio a conocer que el juez Adrián Fernández Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán, admitió la ampliación de la demanda de amparo con número de expediente 1216/2022, y que es un recurso independiente a los tres suspensiones definitivas que fueron revocadas esta semana por el mismo juez.
“Es importante destacar que nuestro interés es proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Desde Greenpeace México tenemos casi 30 años luchando por la salvaguarda del medio ambiente y de la biodiversidad, por lo que nuestra demanda de amparo busca que las leyes en la materia avancen de manera progresiva. El Acuerdo de Escazú fue un enorme avance para los países firmantes tras la lucha medioambiental de décadas. Y debe implementarse correctamente” declaró Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace.
De acuerdo con la organización, la ampliación de la demanda sostiene que la autorización en materia de impacto ambiental, recaída en la manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA-R) del proyecto Tren Maya tramo 5 sur, resulta inconstitucional al menoscabar los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales, reconocidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú), a partir de los cuales se deben interpretar los Artículos cuarto, sexto y 35° de nuestra Constitución General.
Dicha ampliación solicita al juez que –al menos– se dicten las siguientes medidas de reparación para salvaguardar los derechos humanos a través de los siguientes puntos:
- Que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas reclamadas: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento.
- Que se ordene al Congreso de la Unión que adopte las medidas legislativas necesarias para adecuar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
- Que el Presidente de la República ajuste el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
- Que se ordenen medidas de restauración o remediación de los ecosistemas comprometidos por la autorización en materia de impacto ambiental recaída a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto Tren Maya tramo 5.
“Este amparo, además de declarar la inconstitucionalidad de las obras del tramo 5 del Tren Maya, busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro. Las personas tenemos derecho a obtener información y a participar de ellas si éstas tienen impacto en nuestras vidas. Puede pensarse que el Tren Maya impactará sólo a la gente que vive en la Península de Yucatán, pero no es así: se impacta a toda una región. La crisis climática no conoce de fronteras” concluyó Luis Miguel Cano, asesor legal de Greenpeace México.
La organización subrayó que esta ampliación de demanda, además, busca que el Acuerdo de Escazú se implemente correctamente en nuestro país.
"Estamos ante la oportunidad de que, a un año de su entrada en vigor, podamos cambiar el marco legal y que ello se vea reflejado en una ampliación de derechos para las personas".
EHR