Un juez federal admitió una demanda colectiva promovida por Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) en contra de cinco empresas responsables de la construcción del Tren Maya en la que piden reparar el daño cometido al medio ambiente, cuyo costo de restauración –estiman–, asciende a 28 mil millones de dólares.
Las empresas demandadas son: Grupo México, México Proyectos y Desarrollos, ICA Constructora, ICA Constructora de Infraestructura y Acciona Infraestructuras México.
“Vamos a pegarles en la cartera, vamos a detener a las empresas, porque están cobrando, y si en su equilibrio financiero dicen ‘estamos cobrando 5, pero podemos perder 20, mejor sacamos las manos’, aquí no tiene que ver el Presidente, es una demanda de la organización en contra de 5 personas morales. Es un juicio de reparación del daño, de reposición; la demanda está bien sustentada, nadie va a hacer negocios matando animales, cortando árboles”, señaló Jesús Alberto Guerrero Rojas, presidente de la ONRE.
En conferencia de prensa, el abogado dijo que en la demanda colectiva se pide al juez octavo de Distrito en materia civil con sede en la Ciudad de México, Luis Alberto Ibarra Navarrete, que declare que las empresas demandadas cometieron actos ilícitos en la construcción del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que no cuentan con todos los permisos en materia de impacto ambiental para la construcción del Tren Maya.
Explicó que la demanda colectiva que fue admitida es diferente de una demanda de amparo, pues ésta pide la reposición del daño de flora, fauna y del agua en aquella región de la Península de Yucatán, donde el suelo kárstico corre el riesgo de colapso debido a su fragilidad. Resaltó que el monto estimado, asciende a los 572 mil 147 millones 840 mil pesos (28 mil millones de dólares), que irían a un fondo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal.
La estimación del monto para la reparación la realizaron con base en el daño directo a 780 hectáreas de selva y daño indirecto de 2 mil 400 hectáreas de selva, lo que implica pérdida de flora y daño a fauna; así como por el daño a 120 kilómetros de línea costera y al acuífero.
JLMR