El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, se mantendrá en su cargo, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) decidió proceder penalmente en su contra por la muerte de 40 extranjeros en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, al considerar que se debe conocer primero el alcance de la investigación.
“Falta que la FGR informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia. Desde el principio sostuvimos que no habrá impunidad para nadie; ya no son los tiempos de antes”, aseguró.
—¿Permanece en el cargo?
—Vamos a esperar. Qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, vamos a tomar las decisiones en su momento.
El martes, la FGR decidió proceder penalmente contra Garduño y Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria.
López Obrador mencionó que este tema se trató en el interior del gabinete de seguridad nacional y que en el Ejecutivo se desconoce el alcance de las indagatorias, aun cuando se ha reunido con el fiscal Alejandro Gertz.
En tanto, aseguró que no se ha comunicado con Garduño y, hasta ahora, el funcionario —a quien calificó de recto y trabajador— no ha presentado su renuncia.
Consideró que el funcionario ha hecho un buen trabajo en su carrera política y recordó que en la Jefatura de Gobierno trabajó en una subsecretaría e incluso fue propuesto como titular de Seguridad, pero no fue aprobado por el ex presidente Vicente Fox.
“Nosotros llegamos aquí para demostrar que es posible gobernar sin corrupción, amiguismo, nepotismo ni influyentismo; ninguna de esas lacras, esto es un cambio. Vamos a esperar el resultado y vamos a actuar”, concluyó.
Asimismo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dejó claro que Garduño seguirá como titular del INM, a pesar del proceso penal en su contra.
En conferencia de prensa en el Senado, dijo que incluso todas las mañanas Garduño le da un reporte sobre el estatus de los heridos y los hechos que cobraron la vida de los 40 migrantes.
El titular de Segob fue al Senado a una reunión previa de la bancada de Morena para tocar temas de la agenda legislativa. Durante este encuentro, la panista Kenia López reclamó que el secretario acudiera solo con los morenistas en lugar de “dar la cara” por el incendio de Ciudad Juárez.
“El Presidente comentó que tenía conocimiento de un boletín de la FGR y que, en el marco de una investigación o de varias carpetas que se han abierto, seguramente iban a citar a declarar a dos funcionarios: Francisco “N” y Alberto “N” (...) que se había girado orden de aprehensión contra otros cinco, básicamente radicados en Chihuahua. En tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o lo sujete a un proceso, va a esperar el resultado de esas indagaciones”.
Al cuestionarle si Garduño tiene intención de presentar su renuncia, dijo que no habló de ese tema con él, y sobre si el gobierno se lo pedirá, señaló que dejarán que la investigación “siga su curso”.
En tanto, un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Gloria Ramos García, agente del INM que impugnó la orden de captura en su contra por su probable responsabilidad en los hechos.
La mujer aseguró que fue privada de su libertad fuera de procedimiento y víctima de actos de incomunicación y tortura.
Mientras tanto, los agentes migratorios Daniel Goray Yosika y Rodolfo Collazo de la Torre señalaron que también fueron víctimas de incomunicación, razón por la cual se les otorgó una suspensión de plano.
Hace unos días, Ernesto Cornejo Ángeles, juez de control con residencia en Ciudad Juárez, vinculó a proceso a los agentes y a Alan Pascual, empleado de la empresa de seguridad Camsa, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, como probables autores materiales de comisión por omisión.
Por su parte, Jeison Daniel Catari Rivas, de Venezuela, fue vinculado a proceso como autor material de los delitos de homicidio y lesiones dolosos por iniciar el fuego en la estación migratoria.
Autos de lujo contra el crimen
Cincuenta autos deportivos de lujo como Camaro, Mustang y Challenger, que ya se usan en patrullajes, equipan la nueva flotilla de la Guardia Civil Estatal de Caminos en San Luis Potosí.
El estado adquirió las patrullas por un monto de 100 millones de pesos y hasta el momento ya fueron entregados 34 de los 50 autos.
Se trata de autos último modelo Challenger, Camaro y Mustang con un costo aproximado de un millón 200 mil pesos cada uno, todos con equipamiento y tecnología para la labor policial.
La primera Guardia Civil Estatal de Caminos en México entrará en operaciones a finales de abril y se encargará de vigilar las autopistas federales para colaborar con la Guardia Nacional en carreteras.
“Ésta va a ser la primera de las 32 entidades en contar con una policía en las autopistas federales y el primer estado en firmar un convenio con la Federación para que autorice que nosotros podamos ayudarles a patrullar las carreteras del país”, señaló el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.
Los 25 elementos que conformarán la nueva flotilla fueron elegidos del personal que ya es parte de la corporación estatal y fueron capacitados para persecuciones en carreteras.
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