La investigadora Julia Carabias, ex secretaria de Medio Ambiente durante la presidencia de Ernesto Zedillo, se deslindó de haber autorizado los permisos ambientales para explotar a una mina de piedra caliza en el 2000, cuya empresa ahora mantiene una demanda de mil 500 millones de dólares en contra del gobierno mexicano. Explicó que se tratan de permisos estatales y municipales, y reprochó que el presidente Andrés Manuel López Obrador la haya difamado con el caso, debido a que ha sido crítica con su política ambiental.
“Sé que existe, sé que hay un daño, no conozco el caso pero lo que sí estoy completamente segura es que no fui responsable de ese proceso, a lo largo de tres décadas casi, que ha sido la extracción de piedra en ese sitio, que ha sido fundamentalmente con los permisos estatales. Voy a seguir indagando y voy a informar a la brevedad. Esta difamación que se me hace, me cayó de sorpresa hace 48 horas”, dijo durante el webinar ¿Qué implicaciones tiene la desaparición del INECC?.
En la conferencia matutina del lunes, el presidente López Obrador dio a conocer que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), subsidiaria de la estadunidense Vulcan Materials Company, demandó a México una indemnización millonaria debido a que no se les amplió la concesión para explotar un banco de materiales pétreos en Quintana Roo, y acusó que ese tipo de actividades fueron las que permitieron los gobiernos anteriores y los “supuestos ambientalistas”.
“Resulta que le dieron a esa empresa dos concesiones, hace 20 años, para extraer material y llevárselo a Estados Unidos por barco; entregaron el permiso el 30 de noviembre de 2000, un día antes de que entrara el nuevo gobierno (del PAN), estaba (Ernesto) Zedillo, quién sabe quién era el secretario de medio ambiente, de estos que se volvieron paladines de la defensa del territorio, le dieron la concesión, escarban dejan los socavones y se llevan el material”, dijo López Obrador en referencia a la doctora Julia Carabias.
La bióloga aclaró que las autorizaciones ambientales que se dieron por esos años correspondía emitirlas al gobierno del estado, por lo que al cambiarse el ordenamiento en el municipio de Solidaridad, la empresa Calica presentó un arbitraje en el espacio el Tratado del Libre Comercio.
“Esa autorización de la extracción de caliza en esos predios de Playa del Carmen se hizo en 1996, desde 1988 es atribución del gobierno del estado y todos los permisos los ha dado el gobierno del estado. La empresa demanda al gobierno mexicano cuando le cambian el ordenamiento ecológico local por parte del municipio y es un tema que surge desde el municipio, los permisos son desde el municipio”.
“No tengo ninguna responsabilidad, porque me señala y porque me difama con una doble moral, porque somos críticos de lo que está ocurriendo de la política ambiental nacional y lo hemos señalado y se refleja en la disminución del empuje hacia el cambio climático, en la disminución de los recurso económicos, viene a la baja”, explicó.
- Te recomendamos AMLO fija plazo de un mes para frenar explotación de mina en QRoo; ofrece acuerdo Política
Luego de que el mandatario federal adelantó que el gobierno mexicano acudirá ante la ONU si no se llega a un acuerdo con la empresa, Carabias subrayó que la empresa se está defendiendo en el seno del entonces Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que “no hay arbitrajes en la ONU, están en ese terreno, está firmado por los tres países, cuando se estableció en 1992”.
Asimismo, Julia Carabias reprochó que desde “el púlpito de las mañaneras se ha utilizado para ir definiendo las políticas públicas, y en este caso la política ambiental, y ha sido sistemáticamente un ataque constante ante quienes estamos defendiendo el medio ambiente, a mí me tocó hace dos días en La Mañanera, con una autorización que no tengo idea de cuál es, la estamos buscando, alguien la firma el 30 de noviembre, el último día de nuestra gestión”.
LP