Frente a cuestionamientos y descalificaciones de la mayoría parlamentaria de Morena por impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el acuerdo presidencial sobre el retorno de las fuerzas armadas a labores de seguridad pública, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, defendió su controversia constitucional como una acción de Estado, absolutamente legal e institucional, distante de cualquier agenda partidista.
En entrevista con MILENIO, la legisladora del PAN evitó la confrontación ante el amago morenista de someter a votación y dar marcha atrás al recurso, salvo que la propia diputada presidenta se desista de la impugnación.
No obstante, dijo, “nadie debe sentirse agraviado porque se haga uso de una facultad reglamentaria para acudir a una institución que está justamente para disipar este tipo de dudas (…); no hay un agravio al Presidente, ni a las fuerzas armadas, y mucho menos a algún grupo parlamentario”.
Sobre el cuestionamiento al hecho de que una diputada de Acción Nacional impugne la participación del Ejército en seguridad pública, cuando el gobierno panista de Felipe Calderón dispuso de las fuerzas armadas para el combate al crimen, Rojas sostuvo que su posición ha sido por el regreso de los militares a las funciones que les corresponden y, a diferencia de otros, “no ha cambiado un milímetro”.
Reveló, además, que la presentación de la controversia constitucional no fue una sorpresa para los grupos parlamentarios, pues ella misma lo informó previamente a los coordinadores de las diversas bancadas, con excepción del PT, por la imposibilidad de establecer comunicación en ese caso.
¿Había necesidad de impugnar el acuerdo presidencial, a sabiendas de una previsible confrontación en San Lázaro?
“Lo más importante es disipar dudas sobre el acuerdo que, en caso de resultar inconstitucional, pone en riesgo las acciones del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.“Al menos en dos temas es muy claro que, desde mi punto de vista, el acuerdo no coincide con la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional que las y los legisladores votamos en 2019.
“El artículo quinto transitorio dice que las fuerzas armadas, al participar en tareas de seguridad pública, deberán estar subordinadas a un mando civil y tendrán que ser fiscalizadas por un ente externo, independiente, y no por los órganos internos de control. Entonces, al menos son esos dos ejemplos, aunque hay más argumentos, y de ahí nace esta preocupación sobre la constitucionalidad del acuerdo”.
¿Por qué interponer el recurso sin el consenso de los grupos parlamentarios?
“Es un tema de la mayor relevancia, es un tema de Estado; a pesar de prever que no todos los grupos parlamentarios iban a estar de acuerdo, es un tema tan importante para el país, para la ciudadanía y para las propias fuerzas armadas que ameritaba usar mi atribución, que establece el reglamento claramente, para interponer esta controversia constitucional.“Quiero decir que no fue una sorpresa para los grupos parlamentarios, al menos para los coordinadores; yo platiqué con ellos la intención de presentar esta controversia, con todos menos con el PT, porque fue imposible la comunicación, pero sí les explique las razones a todos y les dije, dado que no hay posibilidades de reunirnos en el pleno, lo voy a hacer utilizando la atribución que me confiere el reglamento”.
¿Pero está fuera de duda la legalidad de su decisión?
“Es perfectamente legal, no me iba a arriesgar a ir a la Corte a presentar una controversia sin tener sólidamente la facultad. La facultad ahí está, es muy clara. La facultad de la presidencia es velar por la institucionalidad de la Cámara misma, aun cuando no haya consenso de los grupos, y quiero decir aquí que, además del fondo del asunto, estoy tratando de que se respete lo que todos votamos, que se respete la decisión legislativa que tomó la Cámara de Diputados.“Según los diputados de Morena y PT, la controversia tiene intencionalidad política y tintes partidistas…
“Esta decisión es absolutamente institucional, no atiende una agenda partidista, porque quienes nos pidieron que presentáramos la controversia no fueron los partidos, sino las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas, los académicos”.
¿Estaría dispuesta a reconsiderar la controversia? ¿Hay una sobrerreacción de la mayoría?
“Nadie debe sentirse agraviado porque se haga uso de una facultad reglamentaria para acudir a una institución que está en la Constitución justamente para disipar este tipo de dudas; en un régimen democrático es sano que se mantenga vivo este sistema de controles y equilibrios entre los poderes.“Entonces no hay un agravio ni al Presidente, ni a las fuerzas armadas, ni mucho menos a algún grupo parlamentario de la Cámara; yo soy, siempre he sido, y seré respetuosa de las posiciones políticas de todos los grupos, pero si veo una posible vulneración de las facultades y decisiones de la Cámara de Diputados pues estoy obligada a acudir a los mecanismos constitucionales que tenemos para ello.
“No hay agravio en acudir de manera respetuosa, no he sido estridente, yo no he politizado ni partidizado el tema, es una acción de Estado, no veo nada de malo en acudir a la Corte para despejar las dudas de si la acción de un Poder es constitucional o no”.
Hay cuestionamientos al hecho de que una diputada del PAN haya impugnado el acuerdo, cuando el gobierno panista de Felipe Calderón recurrió a las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública…
“Cuando Felipe Calderón desplegó a las fuerzas armadas, yo era diputada, y a partir de que el debate fue tomando rumbo a que las fuerzas armadas llevaban demasiado tiempo en la calle y se necesitaba regresarlas a hacer lo que les corresponde, mi posición ha sido la misma y no ha cambiado ni un milímetro, como lo muestra el debate sobre la Ley de Seguridad Interior y la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional.“Tengo constancia y evidencia de que mi posición ha sido la misma; mi posición, a diferencia de la de otros, no ha cambiado un milímetro; estoy siendo absolutamente congruente con mi posición, que inclusive en mi época del Senado no coincidió con la mayoría del grupo parlamentario del PAN”.
AE