La familia LeBarón entregó a la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para la protección a candidatos en zonas de alto riesgo por la presencia y operación del crimen organizado.
En reunión con la legisladora morenista Graciela Sánchez, presidenta de la comisión, Bryan, Adrián y Julián LeBarón pidieron que en la próxima reforma electoral “no se olviden de garantizar la vida de candidatos y precandidatos en muchas partes del país, donde el crimen los quita o pone”.
“Debemos proteger el proceso, pero también a la gente que quiere ser votada; deben existir mecanismos de protección para candidatos en riesgo. Un ataque a los candidatos que pone el pueblo es un ataque a la democracia”, puntualizó Bryan Lebarón en redes sociales después de entregar su propuesta en el Palacio de San Lázaro.
Los LeBarón propusieron la llamada “Ley Abel Murrieta” en honor a su abogado abatido por la delincuencia organizada cuando buscaba ser candidato al gobierno de Sonora.
La iniciativa prevé la protección a precandidatos y candidatos a cargos de elección mediante nuevos protocolos en zonas de alto riesgo en el territorio nacional.
Considera por ello medidas para “proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia de ser aspirantes, candidatas, precandidatas a cualquier cargo de elección popular”.
“Esta ley crea el Mecanismo de Protección para Personas candidatas a cargos de elección popular para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar su vida, integridad y derechos políticos electorales”, señala.
De acuerdo con la exposición de motivos, la violencia político electoral ha puesto en duda la capacidad de las autoridades para garantizar unas elecciones seguras para los ciudadanos, tanto al ejercer su voto como en su derecho a ser votados.
Señala que el sistema electoral tiene una gran dimensión económica y estrategia para la protección de las boletas electorales, al grado de considerarse un asunto de seguridad nacional, pero no así para los candidatos de todos los niveles.
La ley prevé así medidas de seguridad específicas para todo el proceso electoral, desde la impresión de boletas hasta la previsión de solicitar auxilio a policías de todos los niveles de gobierno, e incluso de las fuerzas armadas, para garantizar el orden público durante la jornada.
“¿Cómo hacer que las elecciones locales, que son las más violentas, no sean un juego a vida o muerte para las y los candidatos? ¿Cómo puede el Estado garantizar la investigación científica de estos hechos en el marco de violencia que padecen las personas candidatas a cargos públicos?”, pues aún no hay respuesta precisamente, porque aún existen, en parte, constantes tensiones al interior de las autoridades federales y las locales, en lo complejo del reparto de responsabilidades”, cuestionó la familia LeBarón.
JLMR