Líderes empresariales del Estado de México denunciaron en comisiones legislativas que el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) sólo ha servido para alejar las inversiones y fomentar la corrupción en la apertura de nuevos negocios que tardan en promedio dos años y medio en poder cumplir este trámite, por lo cual insistieron que debe desaparecer.
Durante una reunión con integrantes de las comisiones legislativas de Desarrollo Económico y Legislación y Administración Municipal, para abrogar este trámite, los empresarios se manifestaron a favor de la iniciativa que analiza el Congreso para desaparecer de manera permanente este trámite porque no funciona como ventanilla única.
Laura González Hernández presidenta del Consejo Coordinador del Estado de México (CCE) dijo que los estudios muestran que la competitividad en la entidad está mermada porque hace falta frenar la corrupción y lograr la simplificación administrativa para que esta entidad sea una importante economía como corresponde.
Por ello pidió una reforma de fondo, con tiempos específicos para la entrega de los permisos, porque hay miles de millones de inversiones frenadas que podrían generar empleos y reactivar a la entidad, sobre todo en estos momentos de pandemia.
Marco Antonio González Castillo, Consejo Consultivo, alertó que en los últimos cinco años bajó 50 por ciento el Producto Interno Bruto al pasar de 12 a sólo ocho puntos por la salida de 100 mil millones de pesos porque la política pública no ha funcionado. Pidió una plataforma para reducir el contacto con la gente y poder ver cómo va su trámite.
Por su parte Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de Asociaciones de Distribuidores de Gasolinas y de Lubricantes, pidió que los dejen trabajar porque generan en la entidad 25 mil empleos y tienen inversiones de 40 mil millones de pesos. Exigió transparencia, reducir trámites y evitar el coyotaje.
En tanto, Manuel González Martínez, director general de Canadevi, denunció que los retrasos del DUF representan que 30 mil viviendas en proceso estén detenidas y con ellos 25 mil millones de pesos. “Este tema es un calvario, es necesario apoyar esta nueva ley, áreas especializadas y mayor comunicación con municipios”.
Alejandro Salas Martínez, vicepresidente de Canacar, refirió que el DUF los hace débiles porque es un proceso muy largo y hace que las empresas de transporte y logística se retiren de la entidad, además denunció que son víctimas constantes del servicio de grúas y corralones.
Por esa razón, Edgar Castro Cid de Coparmex Metropolitano, pidió reclasificar los negocios en categorías de alto, mediano y bajo impacto, y se tenga claro que tanto las micros como las pequeñas empresas no requieren este trámite, pero hoy se los exigen a pesar que se duplica con la licencia de funcionamiento municipal. Lo conveniente sería emitir permisos provisionales a los de mediano y bajo impacto para que no sean extorsionados.
Posturas de los diputados
La iniciativa presentada por el diputado Nazario Gutiérrez busca abrogar la ley que crea este trámite porque está afectando a 770 mil unidades y en especial a 95 por ciento de ellas que son micro y pequeñas empresas que deben cumplir un trámite engorroso que se ha cumplido en un obstáculo y no ha cumplido el objetivo de alentar la inversión.
Negó que esta iniciativa tenga fines electoreros y por ello están escuchando todas las voces. Se quejó que hasta que nace la iniciativa escuchan a los empresarios y emiten el reglamento de una ley que data del 2015.
No pretende que se deje de verificar el impacto de los negocios, pero sí sustituirlo por un requisito con límites específicos para su cumplimiento y cuando no se responda se aplique la afirmativa ficta, para que se regule lo que sea necesario pero con plazos y sean los municipios quienes se encarguen de varios trámites.
- Los legisladores de Morena, PVEM y sin partido que acudieron a los trabajos de la comisión se manifestaron a favor de desaparecer el DUF, sólo el PRI, a través de Juan Maccise, pidió más tiempo, un análisis con calma y que se invite a los funcionarios del sector, así como a especialistas para conocer su postura.
Dio a conocer que del 23 de marzo al 7 de julio se emitieron 299 DUF con una inversión de 30 mil 414 millones de pesos y que la creación de empleos durante la pandemia fue de 33 mil 268 de manera directa y consideró que los ayuntamientos no cuentan con la capacidad técnica ni operativa para regular, ni la competencia para revisar los proyectos de unidades económicos.
Esto lejos de mejorar la situación podría generar actos de corrupción y facilitar que se hagan proyectos irregulares o sin la planeación requerida.
En el mismo sentido, Ingrid Krasopani, del PAN y Araceli Casasola del PRD pidieron tener cuidado en el ámbito municipal, para que no se traslade ahí el problema de corrupción y tramitología.
El PRD apoyó la iniciativa pero pidió antes conocer la postura de quienes otorgan el DUF y la capacidad de los municipios.
KVS