Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición aprobaron sanciones de hasta con seis años de prisión a quien audio grabe, comparta o reproduzca imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos.
Los y las legisladoras acordaron que la pena será de hasta nueve años de prisión cuando se trate de audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, con el fin de inhibir este tipo de conductas y respetar a los muertos, además de resguardar las investigaciones penales, independientemente de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan.
En el dictamen quedaron integradas varias iniciativas, entre ellas las que presentaron las diputadas Liliana Gollas Trejo, Beatriz García Villegas, de la bancada de Morena; Araceli Casasola Salazar, Claudia González Cerón y el diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD; así como Lorena Marín Moreno, del PRI.
En esta reforma se precisa que cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte, es decir, se sumarán hasta dos años más a la pena que corresponda.
Quienes asistieron a los trabajos de las comisiones o se conectaron vía internet, coincidieron en señalar que esto servirá para prevenir este tipo de violencia, para que las mujeres puedan recuperar el control de su imagen, para sancionar a las y los servidores que practican estas conductas y para garantizar a las mujeres la protección de su dignidad.
Ingrid Escamilla
Todo esto derivó de la difusión de las imágenes del cadáver de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, sin ninguna posibilidad de sanción y sin tomar en cuenta los derechos de la persona, ni de sus familiares.
“La Ley Ingrid pretende asegurar que la información personal de una mujer, de una muerta, esté protegida y no pueda ser publicada como consecuencia de filtraciones, ya que se ha encontrado que hay publicaciones y exposición de imágenes gráficas alusivas a distinta formas de agresiones, y esto lleva a la normalización de los actos agresivos”, planteó la bancada de Morena.
Esta ley que ya ha sido aprobada en otras entidades busca que las mujeres recuperen su derecho al control de su imagen, a sus vidas, a través de los cambios en el sistema penal mexicano y a través de la buena fe de las autoridades del Estado de México, señala la promovente de la iniciativa.
Con la difusión de imágenes de víctimas se les criminaliza y se filtra información que ha puesto en riesgo a quienes sobrevivieron, afectando la dignidad de las mujeres y sus familias.
KVS