La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano (MC), exigió al Consejo General del INE acatar la suspensión del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros prevista para el 1 de junio.
Recordó que una jueza federal de Querétaro le otorgó una suspensión definitiva contra la reforma al Poder Judicial desde octubre de 2024, pero hasta el momento no ha sido acatada.
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Por ello, Ballesteros entregó este miércoles al INE la suspensión definitiva del proceso de la reforma judicial.
“Esta suspensión definitiva mandata a los congresos locales que suspendan el proceso de armonización de sus leyes con la reforma judicial y pide al INE que suspenda el proceso de elección para el Poder Judicial, y no ha sido acatada desde octubre de 2024”, subrayó.
La diputada de la bancada emecista presentó asimismo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales a dar cumplimiento a la sentencia.
Señaló que muchas de las legislaturas estatales están en falta, no solo porque avalaron la reforma constitucional judicial, sino porque ya están modificando sus leyes secundarias.
Además, señaló, los comités de evaluación de aspirantes al Poder Judicial también deben frenar el proceso.
“De no acatarse esta sentencia, podría darse parte al Ministerio Público y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tiene materia para pronunciarse sobre las sentencias”, sostuvo.
La diputada expuso asimismo que el recorte de 50 por ciento al presupuesto del INE para la elección judicial significa que no tendrá recursos suficientes para el proceso y se afectará a los trabajadores del instituto.
“Están imposibilitados ya no solo operativamente para realizar la elección, sino para pagarle a su personal”, dijo.
En su turno, la también legisladora emecista Iraís Reyes cuestionó a los congresos de las entidades federativas por avanzar en la reforma y armonización de leyes locales, pese a la suspensión definitiva del proceso.
Demandó que se respete el Estado mexicano, pues parece que a nadie le importa cumplir y hacer cumplir la ley, y ello implica acatar las sentencias judiciales que, en este caso, obligan a frenar la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.
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