Presidentes de las cámaras y asociaciones de la industria farmacéutica trasnacional advirtieron al gobierno federal que la licitación pública de medicamentos e insumos debe apegarse a los tratados internacionales para evitar al máximo controversias legales entre dichas empresas instaladas en México, con sus países de origen en Francia, Alemania, Suiza.
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Laboratorios y empresarios manifestaron su preocupación por el rezago en el proceso, que del 20 de junio ahora pasó al 22, porque afectará el abasto oportuno de las compañías que ganaron la licitación y cuya fecha estaba prevista para el 1 de julio.
Lo anterior luego de que la Junta de Aclaraciones se cancelara por segundo día consecutivo, con lo que se convocó a los participantes a reunirse el jueves a las 17:00 horas.
"Cada día que esto se retrase, el proceso de la Junta de Aclaraciones, habrá implicaciones en la fecha del fallo como también en las fechas de las primeras entregas de medicamentos y de insumos.
"Esto, sin duda alguna se le recordará a las autoridades en el momento que comiencen las aclaraciones, porque aun cuando la industria farmacéutica tiene toda la capacidad para suministrar la demanda completa, hay que considerar humanamente los tiempos de movilidad y de accionar de parte empresas ganadoras”, explicó Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La cancelación de la Junta de Aclaración se debió de nueva cuenta a que han recibido más de mil 400 solicitudes de aclaración y, a pesar de que el equipo de asesores de institutos y hospitales de alta especialidad han trabajado a marchas forzadas durante la madrugada, se determinó suspender la tercera reunión; las dos primeras estaban programadas martes, asimismo, la del miércoles, para convocarlos de nuevo este jueves.
Ante representantes de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, Pfizer, Johnson & Johnson, AbbVie, Merck Sharp & Dohme, entre otros, advirtieron de la gravedad de lanzar una convocatoria abierta a países de Asia, China o la India, que ofrecen bajos precios pero bajo un esquema de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación.
Si bien, aclararon, están dispuestos a acompañar al gobierno federal en este nuevo modelo de la licitación, dijeron que en México no existen las condiciones para una compra consolidada de tal magnitud.
"El ISSSTE debe en conjunto más de 19 mil millones de pesos, considerando únicamente este año, a la industria farmacéutica y, lo grave, es que en el país sí hay desabasto de medicamentos en lugares como Chiapas y Veracruz, de tratamientos necesarios como los oncológicos”, agregaron.
Los representantes de laboratorios y farmacias subrayaron los diversos obstáculos, entre estos, el retraso en los trámites de los registros sanitario de importación de parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual se ha rezagado en efectuar los trámites, otorgar los permisos y los nuevos registros sanitarios de sus productos terapéuticos.
A ello se suma que en la convocatoria, advirtieron, sólo se subrayó que la Cofepris será la encargada, a través de terceros autorizados, de efectuar los análisis de los productos farmacéuticos del extranjero que resulten ganadores sin establecer con certeza que “más allá de los ahorros obtenidos” cumplirán con los estándares de seguridad y eficacia, que no pongan en riesgo la salud de los mexicanos.
“Se está solicitando que la licitación se apegue a la legalidad y conforme a la Ley de Adquisiciones, al estado de derecho y a los tratados internacionales firmados. La posición es evitar al máximo llegar a algún grado de controversia legal entre empresas y países, que se genere un problema”, abundó Devlyn.
En entrevista subrayó que la industria en esta licitación, en la que se invertirá un presupuesto de 17 mil millones de pesos, está dispuesta a cooperar con el nuevo modelo de gobierno en compras consolidadas.
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Los empresarios no descartaron que, de no recibir respuestas satisfactorias, comiencen con controversias legales que van desde la impugnación del proceso de licitación, sin descartar, dijeron algunos, reducir o sacar sus inversiones del país.
Sacar sus inversiones de México, aclararon, sería una medida extrema, prácticamente, la están desechando, pero de continuar en un país "donde no se respeta el marco de derecho, resultará una obvia alternativa".
"Ninguno de los participantes, debemos aclarar, de la industria farmacéutica establecida en México tiene la intención de moverse, de mantener precios altos, tampoco de aprovecharse del gobierno. Quiere ser parte del desarrollo económico y de la generación de empleo. Hay un amplio deseo de colaborar, existe un compromiso de garantizar el abasto y de alinearse a las nuevas estrategias”, de acuerdo con la exposición de hechos de los representantes.
Otro de los temas a discusión es el motivo por el cual en la convocatoria de licitación se incluyeron claves de medicamentos e insumos del IMSS que, desde noviembre, y ante representantes de la actual administración, se adjudicaron para cubrir todo 2019.
Se trata, abundaron, de una medida que obligaría a las empresas ganadoras de esa licitación a volver de nuevo a participar en una especie de proceso competencia y de propuesta de bajar precios, en caso de que haya licitantes que ofrecen costos más bajos. Esto significaría reducir los precios ya pactados o bien desistirse de ser licitante, proveedor.
Con esta segunda cancelación de la Junta de Aclaraciones, debido a que se recibieron más de mil 400 comentarios, también se posterga dos días más la firma de contratos, planeada del 20 de junio y dentro de los siguientes 15 días naturales.
Los representantes de diferentes laboratorios y de la industria consideraron que será complicado que todos cumplan en tiempos de distribuir en los almacenes acreditados los medicamentos e insumos. Hasta la fecha, dijeron, desconocen en realidad quién distribuirá realmente los productos y se llevarán como debe darse a los 25 países.
En la controversia han participado activamente las empresas vetadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque se ampararon.
Entre ellas están Grupo Fármacos Especializados, S.A de C.V; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, y MAYPO. Asimismo, están participando empresas antes sancionadas e inhabilitadas.
VJCM