El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que las reformas a la Ley de Adquisiciones que prepara la Cámara de Diputados pueden abrir la puerta a la corrupción, sobre todo en las compras de medicamentos, las cuales se podrían realizar con procesos “opacos”.
En un comunicado, el IMCO alertó que el dictamen aprobado el miércoles 18 de noviembre en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados contiene disposiciones que “representan un importante retroceso para el proceso de contrataciones públicas federales” en el país.
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El IMCO analizó los riesgos y oportunidades del dictamen en un documento titulado “Reformas a la Ley de Adquisiciones: nuevos riesgos, nuevas oportunidades”.
En él, se señala que entre los principales riesgos que contiene el dictamen está la posibilidad de exceptuar procesos de licitación para la compra de medicamentos, material de curación, equipo especial y demás insumos para la salud en los hospitales y clínicas, o aquellos necesarios para los servicios de salud, incluso aunque no haya una emergencia sanitaria.
“De aprobarse esta medida, se abre la puerta a que la compra de insumos para la salud sea realizada mediante procesos que no garantizan las mejores condiciones del mercado y que, al mismo tiempo, representan un riesgo de corrupción y decisiones discrecionales”, señaló el IMCO.
La recomendación del organismo es que esas excepciones sólo se permitan en tiempos de emergencia sanitaria.
Además, señalaron, el dictamen sigue sin hacer caso a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para acabar con el esquema conocido como Estafa Maestra. Esto, debido a que mantiene la excepción a la aplicación de la Ley de Adquisiciones, mediante la que se pueden contratar servicios entre instituciones públicas y universidades.
“Este tipo de contrataciones y convenios entre entes públicos, centros de investigación y universidades públicas han sido uno de los mecanismos más utilizados para desviar recursos públicos, al posibilitar que la contratación se lleve a cabo sin que apliquen los mecanismos de control que establece la Ley, como fue el caso de la Estafa Maestra”, añade el informe del IMCO.
Otro riesgo, informaron, está en la posibilidad de reducir el límite del presupuesto que podrá ser destinado a los procesos de excepción, pues se establece que la suma de los procesos de excepción en contratos por montos pequeños no podrá exceder del 20 por ciento el presupuesto de compras públicas autorizado para las dependencias, cuando anteriormente, el límite era del 30 por ciento.
Las recomendaciones
En su documento, el IMCO sugirió atender las recomendaciones de la ASF, la Comisión Federal de Competencia Económica y las organizaciones de la sociedad civil, para que los convenios entre instituciones públicas no sean una excepción a la ley y no se repita el caso de la Estafa Maestra, sino, en todo caso, sea una excepción al proceso de licitación pública.
Además, sugirieron limitar la excepción al proceso de licitación pública en caso de la compra de insumos médicos a situaciones de emergencia o contingencia sanitaria, al igual que las justificaciones legales para evitar licitaciones públicas, de manera que se reduzcan las opciones para la aplicación de procedimientos de excepción.
También, recomendó establecer mecanismos para garantizar la publicidad de las investigaciones de mercado, con las que se decidirá el tipo de procedimiento de cada compra. Al mismo tiempo, establecer disposiciones que aseguren la máxima transparencia y publicación de la información, especialmente en el caso de procedimientos de excepción.
lp