Las 50 medidas del programa Proaire que llevan a cabo diversas dependencias de aquí al año 2030, costarán 14 mil millones de pesos, pero si se siguen de manera permanente se podrá mejorar la calidad del aire, luego de las constantes contingencias ambientales en los valles de Toluca y México.
Durante su comparecencia ante la comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático, con motivo de la glosa del segundo informe de labores del gobernador, el secretario de Medio Ambiente, Jorge Rescala señaló lo anterior y aseguró que es posible rescatar el río Lerma en 25 o 30 años, si se lleva a cabo un programa de gran visión que apoye la ciudadanía y respalden los diputados.
Pidió a los legisladores que se obligue a los municipios a que parte de su presupuesto sea para pagar las tratadoras de aguas residuales que muchos tienen, porque de otra manera difuminan los esfuerzos que se hacen en otros tramos.
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Diputados de PVEM no asistieron a comparecencia
Los diputados locales cuestionaron el estado que tiene el río Lerma, los tiraderos clandestinos, la tala ilegal, los incendios y la contaminación del aire, verificación vehicular, contaminación de ríos y mantos acuíferos. No estuvieron presentes legisladores del Partido Verde Ecologista.
El secretario dio a conocer que están por firmar un nuevo convenio con la Ciudad de México para garantizar que toda la basura que depositan en la entidad vaya a dar a los rellenos sanitarios, donde habrá cámaras para vigilar el tipo de desperdicios que se entierran.
El secretario reconoció que ya no es correcto seguir depositando en la tierra miles de tonelada de basura en una entidad donde cada persona produce al día un kilo, del cual el 52 por ciento va a dar a los 17 rellenos sanitarios, el resto a 10 sitios controlados y 50 tiraderos a cielo abierto que no se pueden cerrar porque causarían un problema social.
En casos como el basurero de Tepotzotlán, que opera de manera irregular, dijo que mantienen una lucha constante porque lo clausuran y lo vuelven a abrir. Ahí se sigue tirando basura porque cobran entre 45 y 50 pesos por tonelada cuando el promedio es de 380 pesos.
Sobre la tala ilegal, aseveró que el problema sigue, en sitios focalizados, como es el caso de Ocuilan, donde a ellos sólo les toca hacer el dictamen técnico de la afectación. Anunció que pronto presentarán a la Legislatura local para que autoricen la ampliación de las facultades de la procuraduría ambiental en materia forestal, como lo hace el estado de Michoacán.
LC