En México el nacer mujer significa que tu vida se compara a la de un cabeza de ganado y que los crímenes en tu contra puede que sean penados igual que otros delitos de menor impacto. Actualmente 10 mujeres mueren al día en México, pero muchas más son víctimas de violencia intrafamiliar, delitos sexuales y matrimonios forzados en el caso de jóvenes menores de edad, principalmente en comunidades indígenas o rurales.
Por ejemplo, la normativa mexicana establece penas similares para delitos como la condena por robo de ganado y la de abuso sexual.
De acuerdo con el Código Penal Federal, se contempla una condena de hasta 11 años para aquel que resulte culpable del delito de abuso sexual, la cual puede ser aumentada pero sólo en el caso del uso de violencia física o psicóloga, la cual es una pena muy similar a la establecida por realizar robo de ganado en Jalisco donde éste se castiga hasta con 11 años de prisión cuando el importe del ganado robado exceda de 800 días de salario, según la Unión Ganadera de Jalisco.
Tan sólo de enero a agosto de este año, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, arrojaron que se han denunciado más de 10 mil delitos de violación, de los cuales 224 fueron cometidos en Jalisco.
Sin embargo, pese al trabajo de activistas y legisladoras, las penas y leyes aún no cumplen con perspectiva de género, entendidas en cuestión de derechos, principalmente para las mujeres de comunidades vulnerables dentro del país.
Ser mujer, indígena y hablante de una lengua indígena te coloca en una situación de vulnerabilidad en un país donde las leyes no fueron hechas para proteger a las mujeres. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2016, el 17.3 por ciento de las mujeres se casaron siendo menores de 18 años, frente al 3.9 por ciento de los hombres que se casaron antes de la mayoría de edad.
Hace más de un año se prohibió el matrimonio con menores de edad en todos los estados de la República, pero a pesar de eso aún se siguen registrando casos principalmente en comunidades rurales o indígenas, los cuales al ser considerados matrimonios forzados, entran dentro de la trata de blancas, así lo explicó a MILENIO la diputada de Morena, Adriana Bustamante.
De acuerdo con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas el tiempo en prisión por cometer este delito va de seis hasta 12 años de prisión, mientras que en el caso de la interrupción del embarazo, Sonora también contempla una condena de seis años a la mujer que se realice un aborto, esto de acuerdo con información de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida.
En el caso de la interrupción del embarazo, el Estado de México es la demarcación con más denuncias de aborto en el país contando con 101 carpetas de investigación que corresponden a 1 de cada 4 casos a escala nacional; seguida por Nuevo León con 67 denuncias y la Ciudad de México con 57 casos.
Mientras que, según datos del Diagnóstico de la Situación de la Trata de Personas 2019, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 70 por ciento de las investigaciones por estos delitos se encuentran concentradas en los estados de: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca; el 55 por ciento de las víctimas a nivel nacional se encuentran en estas entidades federativas.
Y pese a que las cifras de violencia contra la mujer parecen tener una cantidad bastante alta, tan solo en este año el castigo para los agresores de mujeres es muy bajo a comparación de delitos con casi el mismo número de denuncias.
Actualmente en México quien cometa el delito de violencia familiar podrá llegar a tener una pena de seis meses a cuatro años de prisión, además de ser sujetado a un tratamiento psicológico especializado, la cual es menor a comparación con quienes realizan robos en transporte público cuya pena es de 6 a 12 años años de prisión de acuerdo con el Código Penal Federal.
Tan sólo en lo que va del año únicamente en el Estado de México se han registrado 10 mil 520 presuntos delitos de violencia familiar a nivel nacional, mientras que en robos con violencia en transporte público se registraron 8 mil 93, lo cual muestra cifras no tan alejadas, ante problemáticas que si bien son diferentes, es necesario darle peso también a la violencia hacia la mujer y reformar leyes que dan penas muy bajas ante estos actos que en algunos casos han llegado a costar la vida de las mujeres.
Adriana Bustamante dijo que pese a los trabajos que se han realizado en los últimos años en cuestión de normativa es importante ejercer las leyes más allá de la palabra escrita, ya que aseguró que muchas veces la ley está pero a la hora de ser aplicada no hay mucho interés por parte de las autoridades, lo que dificulta el acceso de las mujeres a sus derechos.
Un ejemplo claro es la tipificación del delito de feminicidio que de acuerdo con la normativa se puede llegar a tener una condena de hasta 55 años en prisión, pero a pesar de ser un delito con una pena bastante alta, tan sólo en los primeros seis meses del año se registraron 489 feminicidios, lo cual representa un aumento del 7.7 por ciento en comparación al año anterior, eso sin tomar en cuenta los homicidios de igual manera cometidos hacia mujeres que se encuentran en otra tipificación, lo cual denota que si la normativa existe no fomenta la disminución en este tipo de delitos.
La diputada también mencionó, que a pesar de las reformas realizadas en favor de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, como lo es en el caso de la violencia familiar, que si bien en la capital tiene una pena máxima de 6 años, en otros estados sólo alcanza una pena de cuatro, mucho mayor a la de otros delitos contra la mujer.
Por lo cual ante esta situación, Adriana Bustamante cree que es importante seguir proponiendo leyes, pero sobre todo cambiar el trasfondo de la sociedad mexicana la cual criminaliza, pero también revictimiza a las mujeres que deciden alzar la voz o en algunos casos les ponen muchas trabas legales para poder denunciar violencia o abuso, así como amenazas, en un país donde al día mueren 10 mujeres y muchas de ellas por cuestiones de género.
“Las leyes no deben quedarse solo en papel y se deben al pie de la letra, ya que a pesar de tener un marco jurídico tanto nacional como internacional que busca defender a las mujeres, la sociedad mexicana sigue arrastrando muchos prejuicios machistas que evitan un avance en el quehacer legal”, precisó.
AR