Con sólo 28 años, Gisela fue víctima de trata de personas durante tres meses luego de haber sido raptada a la salida de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) a donde llegó luego de que Estados Unidos la devolviera a México para esperar una respuesta a su solicitud de asilo.
La joven hondureña forma parte de los aproximadamente 46 mil migrantes centroamericanos que México recibió durante el primer año del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) en algunos de los lugares con los mayores índices de violencia.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han acreditado, con datos oficiales de la autoridad migratoria, que la cifra supera los 62 mil y se extiende a 20 nacionalidades, de los cuales sólo 187 han logrado ganar casos en las cortes migratorias estadunidenses, es decir, .3 por ciento.
De acuerdo con la información que el INM proporcionó a MILENIO, en el primer año de la implementación estos 46 mil migrantes, en su totalidad centroamericanos, fueron recibidos por las garitas de Ciudad Juárez, El Chaparral, Mexicali, Nuevo Laredo, Matamoros y Nogales.
El argumento central para permitir esta medida, calificada como unilateral, fue que se trató de cuestiones humanitarias.
Durante este primer año, organizaciones han logrado documentar que estas devoluciones no sólo se extienden a otras nacionalidades, sino que las condiciones en las que deben permanecer en nuestro país a la espera son de indigencia, violencia e inseguridad.
"No deja de sorprender que ante el propio reconocimiento de las autoridades de que estos lugares son tremendamente violentos igual aceptan ser un país anfitrión de personas cuyos derechos humanos son violados", dijo a Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
Humans Rihgts First documentó 816 casos de migrantes que han sido víctimas de violencia que va desde secuestros, robo, violaciones, explotación laboral y sexual, hasta la perdida la vida.
La directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner, alertó sobre los efectos que este programa tiene en las familias migrantes que hoy deciden enviar a sus hijos solos a solicitar asilo a Estados Unidos, ya que hasta ahora los menores no acompañados son los únicos que no están siendo sometidos a estas devoluciones.
Refirió que hasta ahora han identificado que sólo cuatro por ciento del total de la gente que ha sido devuelta a nuestro país ha tenido acceso a representación legal en Estados Unidos.
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Frente a ello, la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional consideró fundamental que México construya una política nacional de refugio para acoger a todas estas personas que huyen de situaciones de violencia en sus países de origen y no sólo de falta de trabajo.
"Estamos ante una situación de crisis, decir lo contrario es no entender a las víctimas, lo que enfrentan en México cuando son devueltos y las causas por las que han salido de sus países. México se ha convertido en el implementador de las políticas restrictivas y xenófobas del gobierno de Trump", sentenció.
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