La Fiscalía General de la República anunció que apelará la liberación del activista y defensor de derechos humanos Irineo Mujica Arzate, luego de que un juez de control determinó que la dependencia federal no pudo acreditar que sea un traficante de migrantes.
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En el caso Cristóbal Sánchez Sánchez, la FGR señaló que “se están estudiando detenidamente todas las pruebas para proceder en la forma que legalmente convenga”.
La institución señaló que las pruebas que presentó Irineo Mujica a su favor “de ninguna manera lo exculpan de su responsabilidad en los delitos de los que fue acusado”.
Según la FGR, las pruebas que presentó en contra de Irineo son “contundentes” y “lo involucran” en delitos.
Indicó que continuará apoyando a los migrantes hondureños que presentaron la denuncia por tráfico de personas en contra del implicado.
Las liberaciones de los activistas y defensores las ordenó el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula, Chiapas, ya que se demostró que los activistas no participaron en una caravana de migrantes hondureños a los que supuestamente extorsionaron para ingresarlos a México.
La semana pasada, la FGR aprehendió a los activistas y aseguró que entre abril y mayo, hondureños presentaron ante el Ministerio Público Federal denuncias contra los defensores, quienes a cambio de obtener diversas cantidades de dinero les prometieron internarse ilegalmente en el país para llevarlos a la frontera norte de México, con objeto de llegar a Estados Unidos.
Los mandamientos se cumplimentaron contra Irineo por la probable comisión del delito de transporte de migrantes con la agravante que dicha conducta se haya realizado respecto de niñas, niños y adolescentes; y contra Cristóbal por la probable comisión del delito de introducción de personas a territorio nacional sin la documentación correspondiente.
VJCM