Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron diversos amparos para impugnar el decreto de militarización de la seguridad pública que emitió el Gobierno Federal el pasado 11 de mayo e hicieron un llamado a la presidenta Mesa Directiva, Mónica Fernández, a que presente una controversia constitucional y con ello demostrará que no existe suborninación al Poder Ejecutivo.
La bancada panista informó que respaldan la controversia constitucional presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, porque es evidente que el decreto representa una ilegalidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) debe determinar su constitucionalidad.
¿Qué es un recurso de controversia constitucional?
Es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados, órganos de gobierno de la Ciudad de México, o entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, por parte de los órganos señalados.Fuente: Cámara de Diputados
En conferencia de prensa, la senadora Kenia López urgió a la presidenta del Senado a continuar con la línea de los diputados.
“En el mismo sentido, hacemos un llamado a la presidenta del Senado a que interponga una controversia constitucional en contra del referido acuerdo ya que no sólo se vulneraron las atribuciones de la Cámara de Diputados sino también las del Senado de la República. Urge independencia y autonomía de los poderes y que el Senado presente una controversia constitucional (con ello) demostrará que no existe suborninación al Poder Ejecutivo”, subrayó.
López explicó que buscan la no militarización de la seguridad pública del país y la participación de las Fuerzas Armadas sea cumpliendo los requisitos establecidos en la reforma constitucional: extraordinaria, subordinada a las fuerzas civiles, fiscalizada, regulada y complementaria.
La reforma constitucional de la Guardia Nacional, recordó la legisladora, estableció una institución de carácter civil para llevar a cabo la función de seguridad pública en México y ordenó el fortalecimiento de las policías a nivel nacional y planteó como ayuda extraordinaria la posibilidad de participación temporal de las Fuerzas Armadas pero siempre bajo los principios establecidos por instancias internacionales, los cuales no han sido cumplidos por el decreto presidencial.
“Le entregaron a las Fuerzas Armadas la seguridad pública y eso es inconstitucional. No hay un verdadero plan de fortalecimiento de policías y la Guardia Nacional no está siendo creada como institución civil. Además de inconstitucional, está documentado a nivel internacional que esa es una estrategia fallida que no representa una solución verdadera de largo plazo al problema de inseguridad que atraviesa México”, destacó.
El pasado 11 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó, a través de un decreto, el regreso de la Fuerza Armada permanente a las calles para participar “de manera extraordinaria” en labores de seguridad, sin exceder un tiempo de cinco años. Su presencia en la calles será hasta que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
En la misma conferencia, los legisladores afirmaron que “con la impugnación lo que se busca es corregir este agravio a los mexicanos y se cumpla la reforma constitucional con el establecimiento de una Guardia Nacional de carácter civil y, en su caso, ayuda temporal extraordinaria, subordinada, fiscalizada, regulada y complementaria, de las Fuerzas Armadas, en tanto se fortalece la policía civil”.
Los panistas informaron que este es el primer paso de la ruta de impugnación jurídica, ya que se encuentran revisando la posibilidad de otras vías de impugnación.
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