El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en este sexenio no habrá “perseguidos ni presos políticos, sino la aplicación de la ley”, al referirse a los casos de Emilio Lozoya, Juan Collado y ahora el líder petrolero Carlos Romero Deschamps.
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“En este gobierno estimo que no habrá ningún preso político, sino delincuentes comunes, presuntos responsables de delitos cometidos en distintos momentos de la historia. Totalmente señalo con contundencia que en este gobierno no habrá presos políticos, habrá sometidos a proceso penal quienes hayan cometido violaciones a la ley o a actos de corrupción o, bien, actos en el pasado que se mantuvieron impunes. Hoy se terminó la impunidad”, destacó.
El también coordinador dijo que no le alegra el que mexicanas o mexicanos estén sometidos a la justicia, a la persecución de los delitos que presuntamente cometieron, pero recordó que el fin de la impunidad fue una promesa de gobierno.
“Yo conozco al Presidente de la República, como titular del Ejecutivo Federal no va a tratar de llegar acuerdos con nadie, simplemente dirá ‘apliquese la ley’”, añadió.
En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, dijo que no hay persecución política contra nadie ni cacería de brujas.
“La información que hemos recibido es en el sentido de que hay procesos que iniciaron desde la administración pasada a los que se ha dado continuidad y tenemos informaciones que han trascendido sobre investigaciones que se están realizando”, añadió.
Batres Guadarrama dijo que algunos de los ex colaboradores tienen una participación activa en la actualidad, “ojalá así hubieran sido cuando tuvieron responsabilidades públicas”.
Ricardo Monreal advirtió que todos los que se dedican al servicio público o a las diligencias políticas, sindicales o de otra índole, deberán de tener cuidado porque las cosas no podrán seguir iguales y la aplicación de la ley sin excepción, será una regla general.
El coordinador de la bancada de Morena dijo que Presidencia no dicta decisiones a la Fiscalía General de la República.
OVM