El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, denunció un recorte presupuestal de 30 por ciento en conjunto al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República de 2018 a 2027, lo que a su juicio se traduce en rezagos, investigaciones lentas y una menor capacidad del Estado para combatir al crimen.
Subrayó que el proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año mantiene 152 mil millones de pesos para proyectos como el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas, el Tren Interoceánico y Mexicana de Aviación, en contraste con la reducción de recursos para instituciones fundamentales para la seguridad y la justicia.
“Los recursos planteados para 2027 no están fortaleciendo a las instituciones responsables de garantizar la seguridad y la justicia en México”, advirtió.
En su programa Con peras, manzanas y naranjas a través de redes sociales, el legislador se refirió particularmente a las condiciones laborales de los policías municipales, quienes perciben un salario promedio de 8 mil 500 pesos mensuales, sin contar muchos de ellos con seguridad social o un sistema pensionario para proteger a sus familias.
“La falta de presupuesto se refleja directamente en el sistema de justicia: hay pocos jueces, no se ha ampliado suficientemente la infraestructura judicial y también son insuficientes los ministerios públicos, quienes además enfrentan bajos ingresos y limitaciones para realizar su trabajo”, remarcó.
En su turno, el especialista Francisco Lezama detalló que los recursos destinados al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República, correspondientes a los Ramos 3, 17 y 49, han caído de 132 mil 800 millones de pesos en 2018 a 93 mil 158 millones en la propuesta para 2027, lo que representa una reducción cercana a 30 por ciento en términos reales.
“Si se acumulan las diferencias presupuestales registradas desde 2018, la brecha alcanza aproximadamente 220 mil millones de pesos, situación que ayuda a explicar los rezagos que existen tanto en la impartición de justicia como en la investigación de los delitos”, explicó.
Lezama precisó que el presupuesto de la FGR pasaría de alrededor de 24 mil millones de pesos en 2018 a 20 mil millones en 2027, con una reducción aproximada de 15 por ciento y una pérdida acumulada de 22 mil millones de pesos.
A ello se suma el debilitamiento de las corporaciones estatales y municipales, pues los recursos del Fortaseg y del FASP pasarían de 7 mil 500 millones de pesos en 2018 a mil 200 millones en 2027, con una disminución de 84 por ciento.
“Esto significa menos herramientas para el combate al crimen: patrullas, menos cámaras, menos chalecos, menos municiones, menos todo”, alertó.
Moreira insistió en que la austeridad no puede convertirse en un argumento para debilitar a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, pues si el Estado quiere mejorar la seguridad, investigar los delitos y garantizar justicia, tiene que invertir en quienes realizan esas tareas.
Sostuvo que un presupuesto que reduce las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia no puede generar mejores resultados en materia de pacificación, por lo que llamó a revisar las prioridades del gasto público para garantizar que policías, fiscalías y juzgados cuenten con los recursos, personal e infraestructura necesarios para cumplir con su función.
EHR