La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados impulsarán la aprobación de una reforma al artículo 4 constitucional para “blindar” los programas sociales contra embargos bancarios para cobrar adeudos.
La Comisión de Puntos Constitucionales en el Palacio de San Lázaro discutirá y votará este martes el dictamen, con la intención de llevarlo a su aprobación en el pleno durante el actual periodo ordinario de sesiones.
Durante el primer conversatorio “La protección de los programas sociales en América Latina”, celebrado hoy en la Cámara de Diputados, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, advirtió que no deben legalizarse deducciones que pongan en riesgo la capacidad del salario y el sostenimiento de las familias.
Llamó por ello a proteger los apoyos sociales, becas y pensiones de la política de bienestar que otorga el gobierno federal y que representan el poder adquisitivo de millones de personas para alcanzar el salario remunerador que prescribe la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
La vicecoordinadora de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro y principal promotora de la reforma, Aleida Alavez, remarcó la necesidad de “blindar” los recursos de los programas sociales que el Estado transfiere a los sectores más vulnerables.
Ello, para evitar el cobro de cualquier tipo de deudas sin el debido proceso legal, porque los colocaría en un estado adicional de precariedad, generando un daño económico que afecta su subsistencia y la de su familia.
“No se pretende evitar el cobro de deudas, sino se busca que las instituciones financieras no utilicen los fondos que, como sociedad, aportamos a las personas mayores y con discapacidad, estudiantes y otros, cuya finalidad es cubrir sus necesidades más apremiantes, para cobrar créditos sin el debido proceso legal, ésa es la propuesta de nuestra iniciativa constitucional”, puntualizó.
Posteriormente, en redes sociales, Alavez agregó que el “blindaje” de los programas sociales para que instituciones financieras no puedan embargarlos y cobrarse adeudos sin el debido proceso debe estar en la Constitución, por lo que el dictamen espera turno para ir al pleno.
JLMR