Senadores celebraron que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pueda intervenir sin limitaciones en los casos de desaparición forzada porque, aseguraron, se consolidarán importantes avances en la promoción y protección de los derechos humanos.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que enviaría una iniciativa para que en todos los casos en donde se registren violaciones de derechos humanos, como en el caso de desaparición forzada, la ONU pueda intervenir si ninguna limitación, pues en México no se había aceptado.
Al respecto, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Salomón Jara, destacó que el titular del Ejecutivo haya enviado al Senado la aceptación del Estado mexicano para que la ONU pueda conocer y examinar solicitudes relacionadas con desapariciones forzadas cometidas en nuestro territorio, “porque representa un mensaje claro y contundente que rompe el pacto de impunidad suscrito por administraciones anteriores y refleja la voluntad y el compromiso del gobierno con la vigencia de los derechos humanos”.
El senador de Morena consideró que ésta será una de las prioridades de su bancada durante el próximo periodo ordinario de sesiones, pues el presidente López Obrador, a diferencia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, “no tiene temor del escrutinio internacional”.
Informó que propondrá un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente reconozca el gran paso que el gobierno de la República da y que se sienten las bases para que las víctimas y las familias que padezcan una desaparición cuenten con mayores y mejores instrumentos para acceder a la verdad y a la justicia.
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En su proposición, el senador morenista también solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe sobre el estado que guardan las investigaciones sobre la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, así como de las investigaciones relacionadas con otras graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en los dos últimos sexenios.
Además de la existencia de denuncias o procesos abiertos en contra de servidores públicos federales que, por acción o por omisión, pudieran estar involucrados en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos u otras conductas constitutivas de delitos asociadas a los mismos.
Dijo que San Fernando, Iguala, Tlatlaya, Tanhuato, entre otros, son sólo algunos de los episodios más visibles y lamentables de una era de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de un régimen de impunidad que, afortunadamente, está siendo desmantelado. Por lo que, indicó, la FGR debe profundizar las investigaciones sobre esos casos hasta deslindar responsabilidades.
“La participación de la ONU en los casos de desaparición forzada será de gran relevancia para conocer la verdad sobre lo ocurrido con más de 70 mil mexicanas y mexicanos y a quiénes como servidores públicos tuvieron responsabilidad en su desaparición”, añadió.
La senadora de Morena, Nestora Salgado, destacó en sus redes sociales que “la aprobación de este instrumento permitirá refrendar el compromiso del Estado mexicano con las víctimas del delito de desaparición forzada y de la cometida por particulares; y en consecuencia, consolidar importantes avances en la promoción y protección de los derechos humanos”.
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