El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, impulsa una iniciativa de reforma constitucional para darle al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de prevención, sanción y persecución del delito de extorsión, así como atención a víctimas.
El proyecto prevé la concurrencia y la coordinación entre el gobierno federal, estados y municipios, así como adecuaciones a la legislación penal.
Gobierno federal pone en marcha estrategia nacional contra extorsión
En ese contexto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro celebró el anuncio de los titulares de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, y de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, para poner en marcha una estrategia nacional contra el delito de extorsión en ocho entidades federativas, donde se concentra casi 70 por ciento de los casos.
“Esta actividad ha sido últimamente utilizada por la delincuencia organizada, que ha trasladado lo que históricamente hacía, como el tráfico de drogas y otros ilícitos, a la extorsión”, puntualizó.
La iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución Política presentada por Monreal plantea que la expedición de una ley general en la materia no solo armonizaría el marco normativo nacional, sino fortalecería la respuesta institucional, optimizaría el uso de los recursos y aseguraría el acceso igualitario a la justicia y a la protección de derechos en todo el país.
Extorsión, delito que impera en México
De acuerdo con la propuesta, la extorsión afecta a todos los sectores de la sociedad, sin distinción de nivel socioeconómico, profesión o lugar de residencia.
“Desde los grandes empresarios hasta las amas de casa, estudiantes, comerciantes informales y productores del campo, todos pueden ser víctimas de este delito que se ha convertido en un problema estructural”, advierte.
Subraya que, a pesar de estar debidamente regulada a nivel federal en el Código Penal Federal y en la mayoría de los códigos penales de los estados, la comisión de este delito sigue impactando negativamente la percepción sobre los índices de seguridad en el país.
“El delito de extorsión, junto con la comisión de otros delitos como el robo o asalto de mercancías, insumos o bienes, ha tenido un impacto significativo en 1.3 millones de pequeños y medianos establecimientos, lo que representa el 27.2 por ciento de las unidades económicas en México”, puntualiza.
IOGE