A nombre del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Morena presentó la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y sustituir el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por el nuevo Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de transformar la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del Bienestar.
La propuesta ocupó el primer lugar en la exposición de iniciativas y fue Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, quien la presentó ante el pleno durante la sesión ordinaria de este jueves.
Durante su argumentación, el líder parlamentario detalló que esta iniciativa establece la nueva arquitectura del Gobierno, con el propósito de dar respuesta a la nueva realidad política y cumplir con los compromisos y la plataforma del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Añadió que el planteamiento retribuirá en ahorro al gasto del gobierno federal, que ahora será más eficaz y con criterios de austeridad republicana, sin embargo, no dio números de a cuánto ascendería el recorte luego de que se aprueben las reformas; dijo que eso se verá en el Proyecto de Egresos de la Federación 2019 que entregará el titular del Ejecutivo a más tardar el 15 de diciembre.
“Se crea nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública y ahora Protección Ciudadana, está claro que la concentración en la Secretaría de Gobernación en las labores de seguridad no dio resultados, los números son evidentes.
“La creación de la Secretaría de Seguridad Pública va acompañada de una nueva estrategia, de reorientar la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia, a esta secretaría se le adscribe el mando de la Policía Federal se le faculta para hacer actividades de investigación, para presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública y para supervisar y tener bajo su adscripción el Centro Nacional de Inteligencia”, detalló Delgado.
Como adelantó MILENIO, el proyecto considera modificaciones a 27 artículos de la referida ley y prevé también la desaparición de las 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de dependencias de la Administración Pública en los estados, para dar paso a las llamadas Delegaciones de Programas para el Desarrollo, a cargo de la Oficina de la Presidencia de la República, con la función de coordinar acciones de las autoridades estatales y municipales con el Ejecutivo Federal.
De igual forma plantea la desaparición de las oficialías mayores de las secretarías de Estado y otras dependencias, las cuales serían reemplazadas por Unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares se propone sean designados por el secretario de Hacienda, salvo en el caso de Defensa Nacional y Marina, “por la especial naturaleza de sus atribuciones y tareas”.
La iniciativa de ley considera igualmente reformas a las Secretarías de Medio Ambiente, Energía, Economía, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, Educación y Salud, con el fin de ajustar sus facultades y estructura al programa de gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Delgado afirmó que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública “sienta las bases para cancelar la Reforma Educativa”.
“El contenido se la propuesta señala que el próximo gobierno no dará un solo paso atrás en lo ya avanzado para mejorar el Sistema Educativo Nacional, incluyendo los aspectos presupuestales, de administración centralizada de la nómina y en la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, señala el documento.
La bancada Morena tiene previsto que sea aprobada y entre en vigor antes del 1 de diciembre, fecha en la que López Obrador rendirá protesta como presidente constitucional.
Por lo que hace a la Secretaría de Gobernación, la propuesta considera necesario restarle sus actuales atribuciones en materia de seguridad pública para hacer más eficiente su desempeño en materia de política interior.
“Para que la Secretaría de Gobernación cuente con las condiciones para atender sus cruciales y delicadas tareas como responsable de la política interior es necesario que las responsabilidades y tareas que en materia de seguridad pública le fueron conferidas en el pasado sean depositadas en otra dependencia, en una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya misión y tarea central, casi única, sea la seguridad pública y la protección de la población ante cualquier riesgo o amenaza”, señala el documento de 56 páginas.
La creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establece que, además de transferirle la totalidad de las facultades antes confiadas a la Secretaría de Gobernación en esa materia, se propone otorgarle también las relativas a la seguridad nacional y la protección civil de la población en casos de desastres naturales, ”siempre con el invaluable apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, a través de los planes de auxilio que todos conocemos y apreciamos”.
Adiós Cisen
A su vez, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional se transformará en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI):
“Cancelaremos de tajo cualquier uso faccioso, creando un órgano del Estado Mexicano que integre todas las áreas correspondientes del gobierno federal en una dinámica coordinada, planificada y sistemática, no reactiva, que cumplirá funciones propias y exclusivas que operará dentro de la más estricta legalidad y en el marco de una visión democrática”, señala la exposición de motivos.
En cuanto a la transformación de la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del Bienestar, señala que no solo se trata de un renombramiento, “sino un radical cambio de estrategia en el combate a la pobreza”.
Además de esta dependencia. también se plantea el cambio de nombre de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la que se le otorgan atribuciones en materia de seguridad alimentaria y quedan a su cargo las entidades descentralizadas Liconsa y Diconsa, hoy dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social.
El documento incluye 21 artículos transitorios, entre ellos destacan: que el titular del Ejecutivo deberá expedir las adecuaciones correspondientes a los reglamentos interiores de las dependencias y entidades en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto.
Además, señala que las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública resolverán los aspectos administrativos no contemplados previa consulta de las dependencias involucradas.
Con información de Fernando Damián