La vicepresidenta morenista de la Cámara de Diputados, Karla Yuritzi Almazán, presentó una una iniciativa de reformas para armonizar el marco legal con los tratados internacionales suscritos por México en materia de desaparición forzada.
“Se trata de tipificar la desaparición forzada como delito de lesa humanidad y especificar, con especial claridad, los supuestos en los que un superior jerárquico es responsable del delito de desaparición”, detalló.
El proyecto prevé diversas modificaciones a la Ley General de Materia de Desapariciones Forzadas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como al Código de Justicia Militar, para ampliar la protección de los menores ante las desapariciones forzadas.
Considera igualmente perfeccionar el tipo penal de la desaparición forzada cometida por particulares y evitar la criminalización de las víctimas y sus familiares.
Almazán afirmó que las desapariciones forzadas en México fueron una práctica cotidiana del régimen anterior, como instrumento de control político que implicó la lucha cotidiana contra el miedo.
Señaló que la característica principal de la desaparición forzada es servir de instrumento propagador de miedo para evitar la confrontación ideológica con quienes ejercen el poder.
Bajo esa lógica, la Organización de las Naciones Unidas considera a esta práctica como un delito de lesa humanidad.
“Los gobiernos anteriores, pero sobre todo los de los últimos dos sexenios postergaron de manera sistemática la creación de instrumentos jurídicos para impedir esta cruel práctica y castigar a los responsables”, acusó.
Recordó que México ratificó en 2008 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y desde entonces el país ha recibido tres observaciones por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
En contraste, la diputada Almazán remarcó que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el decreto para crear comisiones de la verdad, como la encargada del caso de Ayotzinapa, y también ha promovido la aceptación de diversas recomendaciones internacionales.
Señaló, sin embargo, la necesidad de fortalecer esta estrategia a través de la armonización de las leyes mexicanas
LP