La fracción de Morena en la Cámara de Diputados impulsará una serie de reformas constitucionales para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad, dodne destacan iniciativas para regular los servicios de seguridad privada y homologar tipos penales y penas privativas de la libertad.
Adicionalmente, se promoverán modificaciones a diversas leyes para tipificar como delitos el tráfico ilícito de piezas y componentes de armas de fuego, así como el uso de armas réplica para cometer actos ilícitos, además de crear el registro de usuarios de telefonía celular para combatir los delitos de extorsión y secuestro.
De acuerdo con la vicepresidenta de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Dolores Padierna, el grupo parlamentario prevé aprobar dichas reformas durante el recién iniciado periodo ordinario de sesiones.
Entre las propuestas consensuadas por la mayoría morenista, la legisladora se refirió a la reforma al artículo 73 constitucional para expedir una Ley Nacional de Seguridad Privada y regular a nivel nacional el registro de empresas, personal y armas, así como homologar centros de capacitación y especialización.
Se acordó impulsar una serie de cambios al mismo artículo de la Constitución para homologar tipos penales, penas privativas de libertad y parte sustantiva del derecho penal.
Anticipó además una adecuación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para tipificar como delitos el tráfico ilícito de piezas y componentes de armas de fuego, las modificaciones a instrumentos para disparar proyectiles y el uso de armas réplica para cometer otros delitos.
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Los diputados de Morena enlistaron también entre sus prioridades una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de que las compañías de telefonía celular lleven un registro de los datos personales de los usuarios que adquiera cada chip para prevenir y combatir los delitos de extorsión y secuestro.
En cuanto a la regulación de los llamados giros negros, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados anunció la presentación de una reforma para facultar al Congreso a emitir una ley general en materia de regulación de establecimientos mercantiles con incidencia en la seguridad pública, a fin de evitar la discrecionalidad de municipios en autorizaciones, horarios, consumo de bebidas alcohólicas, verificaciones y sanciones.
Con información de Elia Castillo.
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