Rocío dejó El Salvador y está en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, que colinda con El Paso, Texas. Tiene 25 años y quiere llegar a Estados Unidos con su hijo de ocho.
“No quisiera regresar porque el papá del niño… estando allá, donde quiera que esté me va a buscar, me amenazó con matarme”, menciona en entrevista.
Sueña con que en Estados Unidos su hijo estudie y, desde allá, ella pueda ayudar económicamente a su padre, quien la apoyó para salir de El Salvador. “La idea es cruzar al otro lado, pero si no se puede me va a tocar pedir el asilo acá. No tengo de otra”, dice desde un albergue chihuahuense.
En su primer intento fue expulsada bajo la política migratoria Título 42. “Me quedé en el puente, sentada… llorando”, cuenta. Esta política se activó a causa de la emergencia por la pandemia de covid-19 e impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en Estados Unidos.
Al respecto, en agosto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) expresó su preocupación por la nueva práctica de Estados Unidos de trasladar en avión hacia el sur de México a personas solicitantes de asilo en virtud de esa orden de salud pública estadunidense.
“Las personas o las familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades”, indicó Matthew Reynolds, representante de Acnur para Estados Unidos y el Caribe.
“Estos vuelos, a través de los cuales se trasladan hacia el interior de México a ciudadanos no mexicanos, constituyen una nueva y preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con la covid conocida como Título 42”, añade Acnur en su declaración.“La expulsión de Estados Unidos al sur de México, al margen de cualquier acuerdo oficial de traslado con las debidas garantías legales, aumenta el riesgo de devolución en cadena —devoluciones sucesivas por parte de diferentes países — de personas vulnerables en peligro, lo que contraviene el derecho internacional y los principios humanitarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951”, sigue dicha agencia de la ONU.
En entrevista, Sofía Cardona, asociada senior de Protección en Acnur México, manifiesta que, efectivamente, “se debe garantizar el acceso a un procedimiento y no se debe devolver ni a su propio país, ni a un país de donde potencialmente sea devuelto a su vez”.
Cardona explica que el rechazo de migrantes en la frontera es una manera en la cual se viola el principio de no devolución, que es “la piedra angular de la protección internacional (…) Si alguien expresa un temor de regresar a su país, se le debe admitir a un procedimiento para determinar si efectivamente es una persona que requiere protección internacional. Se debe garantizar el acceso a un procedimiento”, agrega Cardona.
La violencia también fue el motivo por el cual María, de 20 años, dejó su natal Guatemala acompañada de su prima de 16.
“Siempre que salía a la calle y me encontraba con él me amenazaba. Vivía cerca de la casa […] quería que me casara con él, decía que no le dijera nada a la policía porque sino iba a matar a mi mamá…”, recuerda en entrevista sobre un integrante de una pandilla guatemalteca.
La joven tardó un mes en llegar a la frontera norte de México. Intentó cruzar a Estados Unidos, pero la regresaron a Ciudad Juárez porque no llevaba sus papeles.
Actualmente María está en un albergue sin su prima; las separaron. Espera que abran la frontera. “Hay días que me siento desesperada, me pongo a llorar en las noches. No sé qué va a pasar conmigo”, lamenta.
Quiere trabajar para pagar las medicinas de su mamá, quien tiene diabetes, y ayudar a sus cinco hermanos. “A lo mejor se recupera todavía […] quiero sacar adelante a mi familia, nosotros somos pobres, no tenemos casa, tengo de meta hacerle una casita, aunque no sea tan grande”, afirma.
Precisamente las dificultades económicas orillaron a Carolina a salir de Guatemala. Tiene 22 años y se desplazó para pagar una operación de hernia para su madre y la deuda de su padre fallecido, la cual suma más de 200 mil quetzales que superan el medio millón de pesos mexicanos.
“La intención de salir de allá es luchar por mi mamá y después comprarle un sitio para construirle una casita, por lo menos, y ya cumpliendo con eso me regreso con ella”, asegura en entrevista.
Carolina caminó cinco horas para llegar al muro fronterizo entre México y Estados Unidos y otras cinco horas para llegar a un lugar donde iban a recoger a los migrantes que querían cruzarlo pero fue deportada.
“Ya estábamos ahí... y aparece la Migración y nos deporta. Yo ya no podía seguir porque me caí del muro, no podía seguir viajando […] no me sentía bien porque tenía la pierna fracturada, me alejé de los muchachos”, expresa.
Un hombre que la vio lastimada se ofreció a llevarla al albergue en donde se está recuperando. Lleva tres meses en Juárez pero está preocupada porque mientras el tiempo avanza la deuda aumenta. “Me siento triste, con mucha depresión, ¿Cómo salir de aquí y cómo pagar la deuda?”, se pregunta.
Ser mujer, una razón para dejar Centroamérica
Las historias de Rocío, María y Carolina* en los últimos años son muestra de que ahora hay más mujeres migrantes. “Se ha elevado el que la mujer decide migrar sola y trae con ella a sus hijos. Los perfiles más comunes que nosotros hemos identificado son cuidadoras solas […] mujeres adultas jóvenes”, dice en entrevista Adriana Torres, asistente de Monitoreo y Evaluación del Programa CBI y Vivienda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Sus casos coinciden con la contingencia sanitaria y, de acuerdo con el micrositio Observatorio Género y Covid-19 en México, hasta 2018, las mujeres representaban entre el 20 y el 25% de los flujos migratorios en tránsito irregular. Sin embargo, a partir de octubre de 2018 se observó un cambio en la migración, y en 2019 las mujeres y las niñas representaron 40% de las personas detenidas en estaciones migratorias en todo el país.
Desde hace más de cinco décadas, agrega el Observatorio, las mujeres son la mitad de las personas que migran en el mundo, pero ellas tienen tiempos y formas de migrar distintos a los de los hombres, pues están atravesadas por las violencias de género.
Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), asociación civil que trabaja con personas en movilidad y LGBTTTIQ+ en Ciudad Juárez, explica que de enero a septiembre han atendido 133 casos de mujeres sobrevivientes de violencias de género.
“Un número importante de estos hechos han ocurrido en su lugar de origen, principalmente en el triángulo norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador). Esto nos demuestra que la violencia basada en género es también una causa por la cual las mujeres optan por moverse de sus países de origen”, sostiene Navarrete.
Adriana Torres y Blanca Navarrete coinciden en que las violencias de las que huyen las mujeres en sus países de origen se perpetúan también en su tránsito por México, y no acceden a servicio médico, atención psicológica y tampoco reportan estas situaciones porque se les discrimina por ser personas migrantes.
“Muchas de las mujeres que atendemos (de Honduras y El Salvador), han sido víctimas de violencia, y en específico, violencia sexual durante el camino […] son víctimas de delito, pero no acuden a la fiscalía por miedo. Muchas llegan a la frontera norte con un estado emocional fracturado”, especifica Torres.
Rocío, María y Carolina comparten el haber dejado Centroamérica entre los 20 y 25 años de edad por amenazas de muerte por parte de hombres a ellas mismas o a sus familiares y la promesa del “sueño americano”. Las tres tienen la intención de ayudar económicamente a sus padres, madres y hermanos desde Estados Unidos.
“Muchas de ellas son mujeres jefas de familia, tienen mucho la carga emocional de las deudas adquiridas en el país de origen para hacer el tránsito o, si están acá solas, cómo enviar el dinero a sus familias que se quedaron allá”, contextualiza la directora de DHIA.
El Observatorio Género y Covid-19 en México reporta que, en general, a partir de 2019 las mujeres migrantes se enfrentan a políticas migratorias más restrictivas, lo que incrementa las condiciones de vulnerabilidad en su tránsito y al llegar al país de destino, como sucedió con Rocío, María y Carolina, las mujeres migrantes son retornadas.
Acciones dirigidas a las personas migrantes en pandemia
Para hacer frente a estas afectaciones, que se han visto agravadas por la pandemia, el gobierno de México ha llevado a cabo algunas acciones, según reconoce el propio Observatorio Género y covid-19.
En este sentido, la Comisión de Ayuda al Refugiado (Comar) ha optado por adaptarse a la situación realizando entrevistas de elegibilidad a distancia y recibiendo solicitudes de asilo. Al mismo tiempo, el gobierno aplica protocolos sanitarios en Centros para Migrantes para prevenir covid-19 en la frontera norte.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración ha creado un Protocolo de Actuación para la prevención y atención de casos de covid-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales, avalado por la Secretaría de Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y se ha desarrollado un Plan Operativo de Atención a la Población Migrante.
Respecto a las acciones a favor de las mujeres migrantes, las organizaciones de la sociedad civil lograron una resolución histórica en la que un juez ordenó 11 medidas para proteger la vida y salud de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.
También se han distribuido despensas e insumos sanitarios y se ha dado atención y acompañamiento en línea, telefónico y físico al tiempo que se han estado documentando violaciones a derechos humanos.
“En julio vimos muchos casos de violencia sexual hacia las mujeres. Allí era muy importante darles información de los derechos que tienen para ejercerlos, y creo que eso es vital, es muy importante que la atención que reciben sea integral […] que también estemos cuidando la parte física y la parte mental”, refiere Vanessa Lizárraga, asociada de Protección en Acnur México.
Al día de hoy, las caravanas migrantes siguen atravesando México para llegar a Estados Unidos y es en este contexto en el que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido a México, desde el año 2020, que se evite usar la fuerza para detener o dispersar a las personas migrantes, a quienes se les deben respetar sus derechos humanos, vayan donde vayan.
*Rocío, María y Carolina son seudónimos para mantener la confidencialidad de sus datos personales.