El diputado Porfirio Muñoz Ledo solicitó por escrito a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ampliar la investigación en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas hasta el periodo 2019-2020 para rastrear presuntos sobornos a cambio de “resoluciones torcidas” para renovar la dirigencia de Morena.
En una carta de dos páginas que compartió en Twitter, explicó que es un escrito enviado a Nieto Castillo en su calidad de ciudadano para que se amplíen las investigaciones que la UIF concluyó en 2019 en contra el magistrado Vargas Valdez.
El escrito pide a Nieto que desde sus atribuciones legales en materia de lavado de dinero y evasión fiscal, amplíe la investigación hasta 2020 en contra del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues fue el periodo en el que se realizó la renovación de la presidencia de Morena.
Proceso en el que recalcó, el TEPJF intervino de manera decisiva mediante siete resoluciones de las cuales, al menos tres fueron contradictorias, y ordenó un proceso basado en “decisiones violatorias de los principios de imparcialidad y equidad que está obligado a respetar”.
Por lo que solicita que la UIF “lleve a cabo la investigación del citado proceso y de la posible responsabilidad del licenciado Vargas y también el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera que indujeron resoluciones confusas o torcidas como consta en los votos particulares de la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón”.
Y sin mencionar su nombre, hace referencia a Mario Delgado y reitera las acusaciones que ha sostenido en los últimos meses: un aparente uso de recursos públicos y gastos excesivos en el proceso de renovación sin que el Instituto Nacional Electoral lo haya vigilado. Además reiteró la acusación de un presunto pago de sobornos a los magistrados que avalaron el proceso y el triunfo del actual presidente de Morena
“Como consecuencias las cantidades exorbitantes invertidas por uno de los candidatos, no fueron fiscalizadas por el Instituto Nacional Electoral, que tampoco estableció el tope de gastos de campaña. La imparcialidad incontestable de la mayoría del Tribunal hizo sospechar desde entonces el soborno al magistrado cuya conducta se investiga. Le rogaríamos que se averiguara también las fuentes de los recursos económicos con los que se compraron los actos ilegales en que incurrió el Tribunal”.
Muñoz Ledo concluye el escrito dejando claro que resulta una obligación sancionar y suspender a los magistrados que resulten responsables de actos de corrupción.
MILENIO dio a conocer que la UIF concluyó la investigación en contra del magistrado Vagas a mediados de 2019 y detectó la compra de casas y departamentos en Miami, Polanco, Valle de Bravo y las Lomas de Chapultepec, adquisiciones que no podría solventar con su sueldo de 2.4 millones de pesos anuales; además haber recibido depósitos en efectivo a pesar de estar imposibilitado legalmente a realizar labores adicionales a las de su cargo como magistrado.
La UIF confirmó a MILENIO que denunciaron al magistrado ante la Fiscalía General de la República pero no solicitaron el congelamiento de cuentas, pues no existían elementos suficientes como la investigación por parte de alguna autoridad extranjera.
JLMR