Ante la denuncia interpuesta por la regidora del Partido Acción Nacional (PAN) en Mineral de la Reforma, Marlene Puertas Ramírez, en la Fiscalía Especializada en Delitos de la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en contra de quien resulte responsable por la firma del contrato de arrendamiento de 25 vehículos por más de 27 millones de pesos en marzo del 2025; el área de Comunicación Social declaró a MILENIO que deben esperar a una notificación formal por parte de la autoridad para emitir una declaración formal, ya que de momento no se conoce a fondo el documento y los señalamientos por esta presunta irregularidad.
Pese a esto, la dependencia municipal declaró a este medio que tanto el contrato signado con la empresa Grupo Turbofin S.A.P.I de C.V., así como el procedimiento de licitación, es legal y apegado a la Ley, por lo cual deben esperar al documento para conocer a fondo las pruebas de la asambleísta para, en su caso, aclarar los mismos, pues de momento sólo conocen el tema por las publicaciones en redes sociales y en algunos medios de comunicación, no a través de un documento formal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Igualmente, el área de Comunicación Social aclaró el dicho de Puertas Ramírez sobre el gasto oneroso en arrendamiento de 25 vehículos, por más de 27 millones de pesos, refiriendo que el contrato firmado con la empresa sólo contempla el pago de un monto 11 millones de pesos por los servicios de arrendamiento de vehículos, no así el monto que se denuncia.
MILENIO cotejó esta información a través del portal de transparencia de Mineral de la Reforma, en la licitación “No. REFIS25-ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS UTILITARIOS-LP01-2025”, específicamente en el acta de fallo, del 20 de febrero de 2025, donde se establece un monto de 11 millones 44 mil 963.2 pesos a pagar por este servicio a la empresa Grupo Turbofin S.A.P.I de C.V.
Asimismo el área de Comunicación Social reconoció que dentro del contrato signado con la persona moral se contempla la posibilidad de extender el mismo de forma anual, debido a que se busca subsanar la herencia de unidades inservibles por parte de la anterior administración de la Presidencia Municipal (a cargo del priista Israel Félix Soto), y ante la insuficiencia presupuestal para adquirir la unidades se optó por el arrendamiento,
“En ningún momento se comprometieron los 27 millones de pesos, sólo los 11 millones de pesos y el contrato se revisa anualmente para ver si la suficiencia presupuestal permite dar continuidad hasta el 2027”, sentenció la dependencia municipal.
Finalmente, el área de la Presidencia Municipal reconoció el derecho de la asambleísta albiazul a interponer estas denuncias, y al ser contra quien resulte responsable, esperarán para emitir una postura oficial, misma que depende de conocer a fondo la demanda, pues la Ley establece que quien acusa estos hechos está obligado a probar sus señalamientos.