Agrupaciones de la sociedad civil y diputadas locales del PAN en Nuevo León presentaron una reforma para tipificar la violencia vicaria como delito penal con castigos de 4 a 8 años de prisión a los agresores, a fin prevenir y erradicar feminicidios tras actos de divorcio o separación, así como evitar daños a la salud mental de mujeres e hijos.
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En conferencia de prensa en el Congreso local, las legisladoras panistas, Lilia Olivares y Nancy Olguín, encabezaron una iniciativa del frente nacional contra la violencia vicaria, conformado por 900 mujeres en el país, quienes presentaron modificaciones y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Se propone, dijo Olivares, que las penas previstas se incrementen hasta en una tercera parte de su mínimo y, máximo, si se incurre en daño físico a las hijas o hijos de la víctima.
“Muy importante para nosotros que se dé a conocer que es Violencia Vicaria y hacemos un acompañamiento para poder realizar las próximas Mesas de Trabajo (para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia familiar)”, expresó Olivares.
En los casos de divorcio o separación, la mujer es víctima de violencia familiar, mientras que los hijos e hijas presentan síntomas traumáticos relacionados a los malos tratos contra sus madres, ejercidos en la relación de pareja y tras la finalización del matrimonio.
Por último, se proponen sanciones de 3 a 8 años de prisión, y de 500 a 1 mil 500 días de multa, a los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente por negligencia la procuración o administración de justicia.