La "nueva normalidad" tras el coronavirus covid-19 para las personas con discapacidad, en particular para niños y adolescentes, deberá superar barreras físicas, sociales y culturales para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Así lo expresaron especialistas en derechos de las personas con discapacidad durante el conversatorio ‘Vivir la pandemia con discapacidad’, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la Dirección General de Asociaciones Religiosas, ambas pertenecientes a la Secretaría de Gobernación.
En el conversatorio participaron la periodista y activista, Katia D'Artigues; el presidente del Consejo Directivo de Punto Seis A.C., Juventino Jiménez Martínez; el director de Filosofía Institucional de Fundación Teletón, Jorge Font Ramirez; y la periodista Bárbara Anderson como moderadora.
Durante el encuentro virtual, los expertos dialogaron sobre la relevancia de que las instituciones públicas visibilicen las distintas formas de discapacidad (intelectual, motriz, sensorial y múltiple, entre otras), y a partir de este análisis, adecúen políticas y mecanismos para atender a dichas personas con un enfoque de derechos.
Coincidieron en que la "nueva normalidad" para quienes viven con discapacidad no puede tener lugar a partir de homogeneizar sus derechos y necesidades con las de las personas sin discapacidad.
Apuntaron que la pandemia ha exacerbado las dificultades que ya enfrentaban niños y adolescentes con discapacidad, entre ellas, plena garantía del derecho a la educación a través de mecanismos inclusivos; barreras para la garantía de su derecho a la salud o contar con personal médico competente para atenderlos o preparados en el uso de la Lengua de Señas Mexicana (LSM).
En este sentido, los panelistas abundaron en la necesidad de eliminar las barreras del sistema educativo para la atención de niños y adolescentes con discapacidad y crear un nuevo entorno de inclusión donde participen padres y personas cuidadoras, así como personal docente con preparación para atender a dicha población en escuelas regulares y con accesibilidad.
Asimismo, se subrayó la relevancia de la participación activa de las personas de 0 a 17 años con discapacidad, cuyas opiniones sean consideradas para la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, impulsada por esta administración.
Igualmente, señalaron la urgencia de crear para padres y personas cuidadoras que tienen a su cargo niños y adolescentes con discapacidad, herramientas en materia de apoyo emocional, contención del duelo, explicación de la pandemia y de las medidas básicas de higiene para conservar la salud.
Lo anterior –plantearon– contribuirá a evitar la sobreinformación a la que pueden estar expuestas.
jlmr