Las fracciones del PAN, PRI, PRD y MC en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por considerar que la figura de los “superdelegados” del gobierno lopezobradorista violenta la soberanía de los estados, entre otros aspectos.
“Los superdelegados generan un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica, (pues) se les asigna un amplio margen de discrecionalidad para operar y crear su propia estructura en torno a los programas que entregan beneficios sociales directos a la población, sin la previsión de mecanismos de control y garantías institucionales”, acusaron.
En su recurso interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia ayer por la tarde, las bancadas de la oposición en el Palacio de San Lázaro impugnaron cinco puntos del ordenamiento, entre los que destaca también la concentración de la política de contrataciones públicas y compra de bienes y servicios en la Secretaría de Hacienda.
Cuestionaron igualmente la disposición de que la Secretaría de Energía coordinará con la Comisión Reguladora de Energía la determinación de las tarifas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, en contravención a la autonomía técnica que la Constitución otorga a los órganos reguladores.
Los líderes parlamentarios del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez; del PRD, Ricardo Gallardo, y de MC, Tonatiuh Bravo, pusieron asimismo en entredicho la constitucionalidad de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República nombre y, en su caso, remueva a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Adicionalmente, denunciaron la violación a los principios de legalidad y democracia representativa durante su procesamiento en la Cámara de Diputados.
Recordaron que el diputado presidente Porfirio Muñoz Ledo levantó la sesión del 13 de noviembre en que se discutía el proyecto y convocó a otra nueva para aprobar indebidamente el dictamen, además de acusar un ejercicio “arbitrario y discrecional” por parte de la Mesa Directiva.
Los legisladores señalaron. además, que la Comisión de Gobernación incumplió la obligación de distribuir el dictamen en los plazos legales, pues lo envió con solo dos días de anticipación y, más aún, en día inhábil.
“Claramente no fue un trabajo que haya permitido exponer, discutir y analizar a cabalidad todos y cada uno de los artículos que fueron objeto de la presente reforma, con lo cual, el decreto impugnado no puede ser considerado propio de una democracia representativa, en tanto que los principios de deliberación y respeto al derecho de las minorías no fue tutelado”, advirtieron.
jamj