Funcionarios del gobierno federal, representantes del sector empresarial y legisladores coincidieron en la urgencia de una reforma al sistema de pensiones, pero la oposición en la Cámara de Diputados pidió un debate más amplio de la iniciativa presidencial, al subrayar el impacto económico que puede significar para los empleadores y el riesgo de insostenibilidad financiera.
En el marco del parlamento abierto virtual convocado por la Comisión de Hacienda en el Palacio de San Lázaro para analizar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, representantes de la Secretaría de Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) sostuvieron que esta reforma es una de las más importantes en materia de justicia social.
Entre otros aspectos, la iniciativa plantea disminuir de mil 250 a 750 el umbral de semanas de cotización para el acceso a una pensión; incrementar a partir de 2023 la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5 a 15 por ciento, incluyendo la cuota social, además de topar las comisiones de las Afores al promedio de los cobros actuales en Chile, Colombia y Estados Unidos.
El presidente de la Consar, Abraham Vela, afirmó la reforma es urgente y no se puede postergar más, por lo que instó a los legisladores a dejar de lado sus diferencias y reconocer que existe una deuda pendiente con 36 millones de mexicanos sin seguridad social.
“No es la reforma que a cada uno de nosotros en lo particular nos gustaría ver, pero no se trata de ver de qué cuero salen más correas y qué chicharrones truenen más. Es la propuesta del Ejecutivo, y si bien el Ejecutivo propone, el Poder Legislativo dispone y a México le irá bien si y solo si al Presidente le va bien”, dijo.
En su turno, la directora general adjunta de Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Amelia Chávez, sostuvo que la iniciativa permitirá aumentar de 56 a 97 por ciento la pensión garantizada a los trabajadores.
Remarcó además que un beneficio adicional sería que, en caso de no cumplir con los requisitos de edad o semanas trabajadas, se podrán hacer retiros en parcialidades, lo que implica aun en esos casos contar con una pensión.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social y Pensiones del Consejo Coordinador Empresarial, Pedro Sánchez Cuervo, coincidió en la necesidad de mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores y admitió que la propuesta presidencial es un avance en la dirección correcta.
Se manifestó, sin embargo, porque los derechohabientes que no sumen las semanas mínimas de cotización y no accedan a la pensión mínima garantizada, puedan en cualquier caso tener acceso a esos recursos en forma de una pensión mensual.
Por el grupo parlamentario del PRI, el diputado Pedro Pablo Treviño señaló que su bancada está a favor de mejorar las pensiones, pero pidió analizar seriamente el impacto económico que se podrá generar para miles de empleadores que en la actual crisis no podrían pagar la cuota patronal.
“Nos preocupa el impacto en las fuentes laborales y en los empleadores, sobre todo el impacto que causará a las pequeñas y medianas empresas. En estos momentos atraviesan escenarios muy complejos derivado de la pandemia y de la crisis económica que vivimos en el país.
“Sobre todo, y después de que el Inegi diera a conocer el día de ayer, que 4.9 millones de establecimientos, micros, pequeños y medianos, en los últimos 17 meses sobrevivieron 3.9 millones de estos establecimientos”, añadió.
La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez, afirmó a su vez que la iniciativa presidencial solo busca rescatar a las Afores, por lo que demandó una reforma a fondo para beneficiar a los trabajadores.
Se pronunció por un debate más amplio, pues a su juicio el problema con las Afores no solo es el de las aportaciones de los trabajadores o las comisiones, sino que es un sistema “insostenible financieramente y con alto costo fiscal”.
JLMR