El pasado viernes, cuando oficialmente Tonatiuh Guillén salió del gobierno federal, el Instituto Nacional de Migración (INM) debió responder a un tribunal colegiado sobre un amparo otorgado a cuatro organizaciones para no mantener a niños y adolescentes en estaciones migratorias.
Luego de que el 15 de mayo murió una niña guatemalteca en la estación migratoria Las Agujas, en Iztapalapa, organizaciones acudieron al Poder Judicial y obtuvieron una resolución favorable ante el INM.
El instituto fue obligado, por una resolución el 6 de junio del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, a llevar “a cabo la identificación de cada uno de los menores que ahí se encuentran”, es decir, un censo.
Además, el resolutivo pide a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes “implementar de manera urgente e inmediata un plan para asegurar alternativas en libertad previo a la adopción de planes de alojamiento alternativo”.
Las organizaciones que tuvieron ese logro que califican de “histórico” son Sin Fronteras IAP, Oficinas de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana.
Durante visitas de sus representantes a esa estación migratoria se percataron que las autoridades no tenían un censo de los menores, por lo que presentaron una queja en un juzgado en materia administrativa en Ciudad de México y luego acudieron al colegiado, donde interpusieron un recurso de queja el 23 de mayo.
Ante la solicitud de información de cuántos menores y adolescentes mantienen en sus 58 estaciones migratorias, el INM respondió que hasta el 11 de junio tenían mil 30 infantes, todos acompañados de sus familias; adicional, están los menores “no acompañados” que, según el INM, son remitidos a algún espacio del DIF, pero no hay registro.
La resolución judicial que ganaron los organismos civiles solo fue para beneficio de una de esas 58 estaciones, pues se desconoce lo qué sucede en los demás.
La directora de Sin Fronteras, Ana Saiz, dijo que la tercera parte de los recientes flujos migratorios, son niños: para Simón Hernández, de la Clínica Jurídica, una vez que las autoridades ofrezcan una cifra de menores migrantes en cumplimiento a la resolución judicial, deberá elaborarse un plan de alojamiento y será un precedente para ampliar esas medidas al resto de las estaciones migratorias.
Mariana Peguero, de la CMDPDH, dijo que el amparo “puede servir como punta de lanza para que las autoridades comiencen a cambiar las políticas de detención”.