Una coalición de organizaciones ciudadanas agrupadas en el colectivo Salvemos Internet lanzó una campaña en la que advierte que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) prepara un proyecto de lineamientos que regularán lo que los usuarios pueden ver y los contenidos a los que pueden tener acceso, lo que, acusaron, atenta contra los derechos humanos.
Tal como están propuestos, dichos lineamientos gestionarían el tráfico y la administración de los contenidos de internet y permitirían la censura, la invasión a la privacidad de los usuarios de la red y el favoritismo de empresas proveedoras del servicio para promover información que les beneficie.
El colectivo lanzó un sitio en donde advierte que "la neutralidad de la red está en riesgo" y en el que pide a los ciudadanos suscribir una carta, antes del 6 de marzo de 2020, dirigida al IFT para solicitarle aprobar lineamientos que respeten los derechos humanos, que estén libres de censura y discriminaciones en el tráfico basadas acuerdos comerciales, que protejan el derecho a la privacidad y dispongan herramientas suficientes y efectivas para impedir, monitorear y sancionar violaciones a la neutralidad de la red y a los derechos humanos.
En la carta, el colectivo afirma que el "anteproyecto de lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet", puesto a consulta pública, amenaza la neutralidad de la red y pone en riesgo a Internet como un espacio plural, abierto, libre, innovador y de ejercicio de derechos humanos.
El grupo incluye a organizaciones como Acceso Now, Artículo 19, Derechos Digitales, Cencos, Creative Commons, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC, Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia y Wikimedia, entre otras.
Detalla que el artículo 5, fracción II y III del anteproyecto autorizaría el bloqueo, degradación, restricción, discriminación, obstrucción, interferencia o filtrado del acceso a contenidos, aplicaciones o servicios en "situaciones de emergencia y seguridad nacional" o "a petición expresa de autoridad competente".
"Estas disposiciones amenazan gravemente la libertad de expresión. Ni la Ley de Seguridad Nacional ni ninguna otra autoriza a una autoridad para ordenar la censura de aplicaciones, contenidos o servicios en internet. Por el contrario, estas disposiciones serían contrarias al artículo 6o y 7o de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", asegura el colectivo.
Además, los lineamientos permitirían a los proveedores de acceso a internet (PAI) celebrar acuerdos comerciales para darle un trato preferencial al tráfico de sus socios, es decir, "se autoriza que los PAI se conviertan en ‘cadeneros’ del internet, favoreciendo a unos y perjudicando a otros según sus intereses comerciales".
Añade que "resulta particularmente preocupante que el anteproyecto no incluye protecciones explícitas frente a técnicas de gestión de tráfico que atentan gravemente contra la privacidad de los usuarios, como las técnicas de 'inspección profunda de paquetes', que podrían ser utilizadas para llevar a cabo las prácticas de gestión de tráfico discriminatorias por razones comerciales mencionadas en el punto anterior".
Finalmente, asegura que el anteproyecto no contempla medidas suficientes de transparencia y monitoreo que permitan a los usuarios de Internet o al Instituto evaluar el cumplimiento de los Lineamientos y el respeto a la neutralidad de la red.
"La ausencia de medidas efectivas de transparencia y monitoreo hace imposible la rendición de cuentas por gestiones de tráfico ilegales y fomenta la impunidad de violaciones a la neutralidad de la red", indica el documento.