La Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir la subcontratación de personal y sancionar incluso por defraudación fiscal a las empresas que incurran en dicha práctica.
El proyecto propone establecer reglas precisas, a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, erradicando prácticas que operan en la actualidad a través de diversas formas de simulación y en perjuicio de los trabajadores.
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una quinta parte de las personas trabajadoras mexicanas labora bajo el esquema de subcontratación, también conocida como outsourcing.
La iniciativa de adiciones y reformas a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del ISR y del IVA, así como al Código Fiscal de la Federación, fue enviada a las comisiones de Trabajo y de Hacienda en el Palacio de San Lázaro para dictamen, así como a las de Seguridad Social y de Vivienda para opinión.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo señaló que, durante la pandemia de covid-19, el outsourcing provocó despidos masivos, al ser un modelo de subcontratación por tiempo determinado sin garantías para los trabajadores.
“Este modelo de contratación, aunado a la crisis suscitada por la pandemia de enfermedad originada por el virus SARS-CoV-2 provocó que se desatara una serie de despidos masivos de personas trabajadoras por parte de algunos patrones”, advirtió.
La propuesta presidencial considera que la proliferación de la subcontratación daña los derechos laborales de las personas trabajadoras y disminuye de manera significativa las obligaciones de los patrones.
Considera por ello la prestación de servicios especializados y la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos.
ROA